El sector agrícola está en el punto de mira de la descarbonización de la economía y de la transición ecológica. La agricultura es parte del problema, pero también es parte de la solución en lo relacionado con la mitigación del cambio climático. Por un lado, es un gran emisor de gases de efecto invernadero, pero también puede actuar como un auténtico sumidero de CO2. Además, está expuesta a importantes riesgos físicos relacionados con el cambio climático; por no olvidar de que se trata de un sector transversal en lo relativo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la de los objetivos ambientales de la Unión Europea, siendo fundamental para garantizar el control ante los nueve límites planetarios: ciclo de nitrógeno, ciclo del fósforo, biodiversidad, etc. Hemos pasado, por tanto, de un esquema y una concepción de la agricultura basados en la multifuncionalidad, a un enfoque mucho más avanzado y consciente basado en la transversalidad. Sin duda, este cambio de perspectiva va a implicar nuevos e importantes desafíos para el sector en términos de riesgo y oportunidades.

El sector tiene que asumir importantes retos relacionados con la reducción de fertilizantes, el aumento de la superficie de producción ecológica e integrada, el uso eficiente del agua, el control de la pérdida de nutrientes, etc. Por lo tanto, se está viendo obligado a una gran transformación y reconversión que va a implicar un ingente esfuerzo económico, productivo y organizativo en beneficio de su mejora competitiva, su digitalización y su apuesta por la sostenibilidad. Y, como no puede ser de otra manera, todos estos retos, pero también, como decimos, potenciales oportunidades, se están planteando en el sector agrario andaluz y su extensión agroindustrial.

En concreto, la dimensión territorial de Andalucía apunta, de entrada, a elementos claramente diferenciales, especialmente en cuanto a su perfil agrario y a las implicaciones de este en el ámbito del desarrollo rural y el de los avances hacia la sostenibilidad. El sector agrario en Andalucía tiene en la actualidad un peso sobre el conjunto de la economía sensiblemente superior al de España y al de Europa, jugando un papel fundamental en el desarrollo económico y en la vertebración socio-territorial de la comunidad autónoma. Se trata de un sector capital para preservación del medio rural, el paisaje y los ecosistemas, por no hablar de la fijación de población y capital al territorio. No obstante, más que hablar de la agricultura en Andalucía deberíamos hablar de agriculturas, con todas las implicaciones que esto tiene en términos de la preservación de la biodiversidad. No hay que olvidar que Andalucía cuenta con diversos sistemas agrarios, tales como las campiñas, la agricultura del litoral, las dehesas, el olivar, etc. No obstante, desde el punto de vista socio-económico, podemos hablar fundamentalmente de dos agriculturas o de una caracterización dual de los esquemas de explotación agrarios.

El sector se está viendo obligado a una gran transformación y reconversión que va a implicar un ingente esfuerzo económico

En efecto, en el ámbito del sector andaluz nos podemos encontrar una agricultura de pequeña dimensión, escasamente profesionalizada, afectada por la parcialidad en términos de dedicación, y con una mano de obra de carácter esencialmente familiar con límites estructurales para la modernización. Por otro lado, podemos hablar de otro tipo de agricultura mucho más capitalizada, más intensiva en empleo y que potencialmente permita afrontar las transformaciones ambientales, tecnológicas y comerciales requeridas con cada vez mayor intensidad por parte de la sociedad. En este sentido, podemos hablar de una gran heterogeneidad en términos de producto, producción, productividad, calidad, competitividad o características de las explotaciones.

Los requerimientos de productividad y de rendimiento económico para los sistemas agrarios andaluces, o, lo que es lo mismo, para las agriculturas andaluzas, pueden ir en detrimento de los distintos modelos agrarios por problemas viabilidad económica o de relevo generacional, teniendo implicaciones negativas en todos los ámbitos fundamentales de la agricultura: biodiversidad, neutralidad climática, fijación de población al territorio, etc. De ahí que, desde este enfoque basado en la transversalidad, entendamos que es necesario y prioritario preservar las distintas agriculturas en función de un esquema racional y equitativo tanto de incentivos públicos como privados.