El alcalde, Manuel de Bernardo, hará frente hoy a las protestas y la recogida de firmas contra la subida de los impuestos que varios colectivos, integrados en la plataforma Movimiento Ciudadano, han desarrollado a lo largo del último mes con una reunión informativa y abierta que se celebrará en la Casa de la Cultura a partir de las siete de la tarde y en la que tratará la situación económica real del municipio. En palabras utilizadas por el propio regidor, será una reunión "clarificadora" en sus contenidos. Al menos, así lo espera el alcalde para contrarrestar la batalla social activada a raíz de las últimas subidas aplicadas a las ordenanzas fiscales que entraron en vigor en el pasado mes de enero.

Lo cierto es que la situación económica preocupa. A unos y a otros. Al ciudadano de a pie y al Gobierno municipal. Por la crisis, por el encarecimiento de la cesta de la compra y de los productos básicos, la subida de las hipotecas y del carburante. Y por las temidas subidas de los tributos locales, la única salida -en muchos casos- que le queda a los ayuntamientos para hacer frente a una situación cada vez más precaria y ausente de recursos, aunque se trate de una vía que resulta incomprensible para los isleños y de un alto coste político para los gobiernos municipales. Así, de hecho, lo ha denunciado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha reiterado al Gobierno central la necesidad de abordar la reforma de la financiación local para solucionar la difícil situación en la que se encuentran los ayuntamientos.

Pero el panorama, agravado por la recesión económica, se ha complicado aún más con la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que ha entrado en vigor para aplicar la normativa europea. El objeto de la Ley no es otro que reducir a cero el déficit de los ayuntamientos, lo que supone prácticamente cambiar el modelo de financiación que se aplica en los municipios desde hace décadas al controlar su capacidad de endeudamiento, que limita en función de la amortización de dichos préstamos.

"La Ley quiere controlar el endeudamiento de los ayuntamientos con las entidades bancarias y reducir a cero el déficit de las arcas municipales -explicó a este periódico la delegada municipal de Economía y Hacienda, Mercedes Espejo (PA)- pero eso limita las inversiones a los ingresos corrientes de los municipios, a sus propios recursos".

Y los recursos son muy escasos, lo que quiere decir que, o bien se incrementan los tributos locales (sobre todo el IBI) para equipararse al modelo de gestión municipal europeo -algo que el Ayuntamiento, de momento, quiere evitar a toda costa- o bien se incrementa la financiación directa de los servicios que se subvencionan a través de las arcas municipales. O, como reivindica la FEMP, se reforma la financiación local para facilitar a los ayuntamientos más recursos con los que hacer frente a esta situación. "Es necesario que la Junta transfiera no sólo las competencias, sino también los recursos", dijo Mercedes Espejo.