La ausencia en los primeros puestos de la agenda política o mediática de los casos de desahucios no implica que haya ciudadanos que no sigan sufriéndolos –tanto por problemas con la hipoteca como a la hora de hacer frente a los alquileres–. El drama personal y familiar continúa con historias duras, desgarradoras o preocupantes. La de Antonia entra en estos parámetros: seropositiva, enferma de cáncer y con una amenaza de lanzamiento para el 26 de noviembre de la vivienda que ha habitado durante años.

"Durante siete años he pagado bien, pero dejé de hacerlo porque la dueña no ha hecho ninguna obra y la casa se cae", explica la afectada, que acude diariamente al comedor social El Pan Nuestro para recoger la correspondiente ración de comida. En unas semanas la obligan a salir de la vivienda, en Juan de Austria, 57, por eso acudió al Ayuntamiento, y tiene el caso en un abogado.

"Quiero que hagan algo por mí, me veo en la calle y con la boca abierta", señala en referencia a la operación de la que está pendiente porque ha vuelto a reproducirse el cáncer del que ya la han operado en otras dos veces anteriores. "No puedo estar en la calle", dice con desesperación esta mujer que recibe ayuda para poder desplazarse al hospital.

Tras dirigirse al Consistorio para asesorarse y para solicitar ayuda económica, en los Servicios Sociales municipales la asistenta social que le atendió le indicó que acudiera a un abogado de oficio, al tener derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se tramitó y se le hizo un informe de exclusión social con el que poder apuntarse al Registro de Demandante de Vivienda de la Empresa Pública de Suelo (Esisa), y optar a una vivienda en cuanto haya disponibilidad –siempre en orden de preferencia, según baremación–. También se le recomendó que solicitara al instituto de la Seguridad Social el certificado de la pensión que tiene para poder acreditar ingresos con los que asumir un alquiler. La idea era que pudiera demostrar solvencia suficiente ante nuevos caseros.

Desde los Servicios Sociales detallan que la pensión no contributiva con la que cuenta impide una ayuda económica municipal puesto que supera el baremo. Antonia dispone de algo más de 500 euros entre "la paga" y una compensación por los problemas cerebrales que sufre. "A veces me falla la memoria", revela.

No se olvida, sin embargo, del gran deterioro que sufre la vivienda de Juan de Austria, por la "falta de actuación de la dueña". "Hay una pared de friso hasta arriba que no ha arreglado, y por culpa de los hongos que hay en la casa he estado mala", describe, para explicar las razones que le llevaron a dejar de abonar el arrendamiento. "El televisor es mío, todo lo tenía que poner yo. No ha hecho ningún arreglo. Es para ver cómo está la casa", lamenta. Si no hay vuelta atrás, el 26 de noviembre, cuando se ejecuta el requerimiento, tendrá que salir de la vivienda y sin una alternativa cerrada.