Políticas antidesahucios y la redirección de la gestión de la Empresa Municipal de Suelo (Esisa) para atender las necesidades habitacionales de los isleños es lo que Podemos San Fernando pone sobre la mesa en materia de vivienda. La número 2 de la candidatura de la formación morada para las elecciones municipales, Ana Rojas, ha expuesto las propuestas y medidas que plantean para hacer frente a un problemática nacional que también es una realidad en la ciudad.

"La vivienda es uno de los temas más dramáticos que se han vivido durante la crisis. En San Fernando ha habido unos 300 desahucios, decenas en el mandato que ahora termina", apunta. Eso significa, advierte Rojas, en familias que se ven en la calle por "políticas injustas" y la acción de la banca. "Es una situación que debe revertirse", deja claro. De ahí que defienda la necesidad en primer lugar de crear un protocolo anti desahucios. "Supondría la comunicación previa a un lanzamiento del Juzgado al Ayuntamiento, para que este tome medidas alternativas para ayudar a los afectados", detalla.

Una mesa anti desahucios, que ponga frente a frente a propietarios e inquilinos; y la dotación presupuestaria del plan de emergencia, para atender las alternativas habitacionales en casos urgentes, como la atención a mujeres víctimas de violencia de género, son otras de las cuestiones que propone.

Las acciones sobre vivienda que Podemos San Fernando recoge en su programa también se centran precisamente en la disponibilidad de vivienda pública para los ciudadanos demandantes. "En San Fernando están registrados unos 3.500 demandantes, y hay en torno a 5.000 viviendas vacías de bancos. Es algo injusto e ilógico, que sufren quienes menos poder adquisitivo tienen", lamenta la número 2 de la candidatura.

Ante este panorama creen necesario que Esisa debe cambiar su gestión y trabajar para aumentar su parque público de vivienda, "con la rehabilitación de viviendas y de edificios en descomposición". En la actualidad la empresa pública tiene unas 300 vivienda y lleva años sin rehabilitar ninguna propiedad.

"Es necesario aumentar el gasto público en un 20% para atender las ayudas al alquiler", destaca Ana Rojas, que también considera importante que el Ayuntamiento cuente con una oficina de asesoramiento de los derechos del inquilino porque "hay una gran desinformación".