Los hosteleros de la calle Las Cortes de San Fernando denuncian “un intento de cierre injusto y arbitrario”

Parece ser que los problemas que complican la convivencia entre el ocio nocturno y el derecho al descanso de los vecinos del entorno de la calle Las Cortes aún están lejos de encontrar una solución. Ahora buena parte de los hosteleros de esta zona muestran abiertamente su rechazo a las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que pasan por la retirada de las terrazas de esta céntrica calle. Este grupo de profesionales, que representan a nueve negocios, han hecho piña y han calificado la petición de estas medidas como una maniobra “arbitraria, desproporcionada y carente de rigor técnico”.

Estos empresarios aseguran que, al pedir estas acciones cautelares, el colectivo vecinal intenta culpar a negocios concretos de un ruido ambiental que no les es atribuible tal y como, aseguran dichos hosteleros, reconocen los propios informes oficiales. “Frente a acusaciones genéricas, los hosteleros hemos presentado estudios acústicos local por local, que demuestran el cumplimiento estricto de la normativa vigente incluso en horario nocturno”, señala este grupo de emprendedores.

Además, estos profesionales entienden que la utilización de una normativa aprobada por la Junta de Andalucía en 2025, el Decreto 50/2025 de 24 de febrero, para justificar supuestos incumplimientos prolongados durante 14 años es algo “jurídicamente inadmisible”.

Por todo ello, estos nueve negocios han presentado ocho alegaciones al recurso presentado por la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro para exigir la retirada cautelar de las licencias para las terrazas en la calle Las Cortes.

“El informe de la Junta y la motivación del decreto hacen referencia a una supuesta situación de incumplimiento acústico acreditada desde hace más de 14 años y esta afirmación debe ser calificada como irreal, inexistente y carente de verdad material. En primer lugar, los resultados no son generalizables, con numerosos días con mediciones por debajo de los límites o dentro de los márgenes de incertidumbre. Además, hay negocios que, bajo su actual titularidad, no llevan 14 años operando, por lo que no se les puede imputar un histórico de ruido. Tampoco existen expedientes sancionadores firmes y continuados durante esos 14 años para cada uno de los locales”, señalan desde este grupo, que también asegura que la demora de los vecinos en acudir a la vía judicial demuestra que la situación no reviste urgencia.

Por otro lado, estos hosteleros recuerdan que desde que el colectivo vecinal presentó su recurso el Ayuntamiento ya ha actuado, mediante un decreto fechado el pasado 2 de diciembre de 2025, que conllevó diversas restricciones horarias y de espacio en las terrazas. Unas limitaciones que los vecinos tildaron de insuficientes y con las que la administración local busca dar cumplimiento a la normativa autonómica y solucionar la contaminación acústica.

Estos empresarios concluyen sus alegaciones solicitando al Juzgado que se denieguen las medidas cautelares por “falta de presupuestos legales, desproporción manifiesta y riesgo de causar perjuicios irreparables”.

Destrucción de empleo

Estos hosteleros aseguran que la adopción de estas medidas supondría el cierre inmediato de, al menos, nueve establecimientos de hostelería y el despido inevitable de las plantillas de trabajadores de los mismos.

“Estamos ante la destrucción del medio de vida de numerosas familias de San Fernando. Cerrar bares que cumplen la Ley no es proteger la convivencia, es castigar injustamente a quienes trabajan y generan vida en la ciudad. Creemos que es posible llegar a soluciones reales desde el diálogo y confiamos en que el Juzgado frene este ataque injustificado a la hostelería local”, concluye este grupo.