Las facturas pendientes a proveedores ascienden a 22 millones de euros

El total de facturas pendientes de pago a proveedores que adeuda el Ayuntamiento isleño asciende a 21.941.579,72 euros, lo que supone algo más de 200 euros por habitante.

El área de Hacienda y Control de la Gestión acaba de remitir la cifra al Gobierno central para dar cumplimiento a las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros a finales de febrero con el propósito de ayudar a solventar la precaria situación económica de las administraciones locales.

La presentación al Ministerio de Hacienda de la relación certificada de proveedores pendientes de pago permitirá al Consistorio isleño acceder a los préstamos bancarios que ha ofrecido el Estado para que los ayuntamientos puedan hacer frente a estas deudas, que llegan a extremos asfixiantes en algunas ciudades y que suelen tener como mayores perjudicados a pequeños y medianos empresarios y autonómos que esperan cobrar desde hace tiempo y cuyos negocios -en muchos casos- pende de un hilo.

De hecho, la deuda total que acumulan los ayuntamientos españoles se calcula que alcanza los 9.584 millones de euros. De ahí las medidas adoptadas por el Gobierno central con la intención de poner el claro la situación económica de muchas administraciones locales.

El caso de La Isla, sin embargo, dista mucho de ser grave. Y para hacerse una idea basta con comparar la deuda que contabiliza su Ayuntamiento con el de otras ciudades vecinas, como ocurre en la capital gaditana, cuyas facturas pendientes alcanzan los 73 millones de euros (aproximadamente, unos 584 euros por habitante). O el Consistorio de Chiclana, que asciende a 42 millones de euros (525 millones por habitantes). También Puerto Real, con 36,8 millones de facturas pendientes de pago y El Puerto de Santa María, con 58,8 millones de euros.

La cifra -los casi 22 millones de euros de facturas sin pagar que tiene el Consistorio isleño- inciden en un argumento que reiteradamente se repitió durante el anterior mandato corporativo y que en varias ocasiones fue motivo de controversia política: que la situación económica del Ayuntamiento de San Fernando no era tan mala como se quería creer y que, de hecho, estaba mucho mejor que la de otros municipios. Al anterior alcalde, el andalucista Manuel María de Bernardo, se le recriminó con insistencia que continuamente sacara pecho por su gestión económica.

También el actual delegado general del área de Hacienda y Control de la Gestión, el popular Manuel Raposo, ha reconocido que la situación económica de San Fernando "no reviste de la gravedad que presentan otras administraciones locales". Según el responsable municipal de Hacienda, "el Ayuntamiento de San Fernando paga a sus proveedores en un periodo no superior a los seis meses".