AxSí pide la retirada de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en San Fernando y señala su nulidad

La formación politica AxSí ha pedido también en sus alegaciones la retirada de la ordenanza que regula la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando y ha advertido de su más que probable nulidad a la vista de las sentencias y resoluciones judiciales que ya se han pronunciado al respecto en otras localidades.

Sobre todo -ha señalado su portavoz, Fran Romero- porque la ciudad no cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, un PMUS, que dé cobertura a dicha ordenanza, que es precisamente el argumento que ha tumbado ya en algunas ciudades la ZBE: "La sentencia 99/2025 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, rechaza el proyecto del Ayuntamiento de Segovia porque no lo contempla el PMUS", señala el edil andalucista. "Y aquí es peor porque ni siquiera existe la posibilidad de contemplarlo. No hay un Plan de Movilidad adaptado a la normativa".

El Plan de Movilidad que existe -ha apuntado Romero- se remonta a 2012 y está totalmente desactualizado "y no tiene validez legal a estos efectos".

Así que seguir adelante con la ordenanza en estas condiciones no tiene mucho sentido, argumenta la formación, ya que está abocada al fracaso. De hecho, para AxSí se trata "de uno de los documentos peor elaborados y más peligrosos para la ciudad que ha pasado por el Pleno".

"La alcaldesa, Patricia Cavada, pretende imponer una Zona de Bajas Emisiones sin el instrumento legal obligatorio que la hace viable, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Lo dice muy claro el artículo 14 de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Ecológica", ha apuntado el portavoz del grupo municipal AxSí en la localidad.

Así ha recriminado al gobierno municipal que aunque el Ayuntamiento de San Fernando está obligado a poner en marcha la ZBE por ley, no se ha puesto hasta ahora manos a la obra con este tema a pesar de que se regula desde 2022 "porque el Ministerio ha anunciado que retirará las ayudas al transporte público urbano a aquellos municipios que no hayan hecho la tarea". El resultado, lamenta el andalucista, es que todo se ha hecho "en el último momento y con prisas".

La puesta en marcha de la ZBE afectará de lleno a la mitad del parque móvil de La Isla, que suma unos 60.000 vehículos con una edad media de 12,9 años. De ahí, insiste, que no se pueda poner en marcha la ordenanza sin participación, sin medidas complementarias y con una prisa excesiva.

Otra de las razones que AxSí esgrime para pedir la retirada de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones es que no viene acompañada de un estudio socioeconómico a pesar de que es una de los requisitos que se plantea también en el Real Decreto que regula su puesta en marcha. "Hay, de hecho, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la ordenanza de movilidad sostenible que crea esta Zona de Bajas Emisiones en la capital española tomando como base la insuficiencia del informe del impacto económico en los colectivos más vulnerables. Y hay tambien una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, confirmada por el 2023 por el Tribunal Supremo, que insiste en esa misma cuestión", señala Fran Romero, que señala la exclusión a la que se ve abocada una gran parte de la población, cuyos coches no cumplen con los estándares ecológicos actuales, "y que no se puede permitir la adquisición de un vehículo nuevo".

Existe además una "deficiente planificación de transportes alternativos" ante las restricciones que impone la ZBE en la localidad. De hecho, recuerda Romero la inaúdita situación que supone que la ordenanza de movilidad esté "en un cajón" desde su aprobación inicial en 2022. Y ante los planes anunciados por Cavada, señala que el mismo proyecto que sustenta el proyecto de ordenanza de ZBE insiste en la importancia de la zona azul "como instrumento regulador de la movilidad y el equilibrio con la Zona de Bajas Emisiones".

Habla también AxSí de la absoluta falta de participación con la que se ha tramitado la ordenanza y de la "rigidez de horarios y fases de aplicación", lo que -afirma- tendrá un gran impacto en la hostelería.

"No hay programa para la electrificación del transporte público municipal, para la creación de carriles bici, ni un plan de fomento de la movilidad activa... Ni siquiera subvenciones para para poder asumir toda esta transformación del modelo de movilidad", advierten los andalucistas, que apuntan también al "efecto frontera", esto es, el desplazamiento del tráfico a las zonas limítrofes al perímetro con restricciones "incrementando la congestión y la contaminación de los barrios residenciales cercanos" sin que se hayan previsto medidas para contrarrestar este problema.

"Es una ordenanza que incumple la ley de forma flagrante y es susceptible de ser declarada nula por la jurisdicción competente. No se integra en un plan de movilidad urbana sostenible, se impone sin participación ciudadana ni debate ni una propuesta, carece de documentación y contenido obligatorio como estudio socioeconómico y las medidas de compensación. Además, no viene acompañada del refuerzo del transporte público urbano. Dificulta el trabajo de pequeños comerciantes y autónomos por un régimen de carga y descarga rígido. Precisa un calendario progresivo realista. Adolece de una deficiente técnica legislativa. No posee indicadores públicos que evalúen su eficacia y se afronta sin convicción, con casi tres años de retraso y desde la prisa, con el único objetivo de no perder las subvenciones al transporte municipal que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible anunció en su caso", denuncia Romero.