La tramitación del Ingreso Mínimo Vital será gestionado en San Fernando por un equipo específico para el que el Ayuntamiento contratará a personal para Servicios Sociales. Será gracias a los fondos del Plan Invierte Social que la Diputación de Cádiz ha puesto a disposición de los municipios para paliar los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19, y que en el caso de San Fernando ascienden a 229.759 euros.

En concreto, el Consistorio va a reforzar sus Servicios Sociales con la contratación de tres auxiliares administrativos que prestarán asistencia a los isleños que vayan a solicitar esta cobertura social aprobada por el Gobierno central a partir del 15 de junio a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario.

Desde el Gobierno municipal se quiere dar más herramientas a los Servicios Sociales para poder realizar su labor, que ha sido especialmente intensa durante el estado de alarma y a la que ahora se suman los trámites del Ingreso Mínimo Vital. De hecho, se prevé que sean muchos los usuarios que se acerquen para realizar su solicitud, sobre todo en estos primeros momentos de aplicación de esta medida social.

"Desde el Ayuntamiento vamos a poner todas las herramientas a nuestro alcance para que esta medida histórica aprobada por el Gobierno central beneficie a las personas más vulnerables de San Fernando, y les permita salir adelante y sobreponerse en estos momentos a los efectos provocados en sus vidas por esta pandemia mundial", comenta la alcaldesa isleña, Patricia Cavada.

Cavada resalta la importancia de esta cobertura social que ya existe en los países más avanzados de la Unión Europea, y que supone un paso trascendental para la protección social y para reforzar el Estado del Bienestar. En San Fernando esta cobertura social puede beneficiar a casi 3.000 personas, unas 1.300 familias. "Vamos a dar respuesta a todas, y hacer que estos recursos lleguen a los que los necesitan para poder salir adelante", insiste.

Para la regidora se trata de "una medida de justicia social que va a lograr que muchos hogares cuenten con recursos y que va a generar nuevas oportunidades a sus beneficiarios, porque también incluye estrategias para el acceso al empleo y la formación". Hay que recordar que los beneficiarios de esta cobertura tendrán itinerarios de inclusión laboral flexibles y adaptados a su situación, en cuyo diseño participará el sector privado. Esta ayuda va ligada a la búsqueda activa de trabajo.