Patrimonio

El Pleno de San Fernando refrenda pedir al Gobierno la rehabilitación del Puente Zuazo

  • Todos los grupos apoyan la propuesta del PP para solicitar que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida para este elemento del patrimonio

El Puente Zuazo, con el Real Carenero al fondo, en una imagen de archivo. El Puente Zuazo, con el Real Carenero al fondo, en una imagen de archivo.

El Puente Zuazo, con el Real Carenero al fondo, en una imagen de archivo. / Román Ríos

El Ayuntamiento de San Fernando pedirá al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales del Estado una partida para la rehabilitación del Puente Zuazo. La propuesta llevada a pleno por el Grupo Municipal Popular salió adelante con el apoyo de todos los grupos de la Corporación.

"El Ministerio de Fomento se comprometió a esta obra", recordó el portavoz de la formación popular, José Loaiza, y sigue pendiente. En concreto, desde las filas del PP se exige que el Gobierno central se implique en la recuperación del Puente Zuazo para completar la actuación en el Sitio Histórico. En la primera fase, expuso durante su argumentación, se realizaron obras para recuperar las baterías defensivas y el Real Carenero. Para una segunda fase se dejó el Puente Zuazo, que aguarda su momento.

Esta actuación contaba con un proyecto que el Ayuntamiento remitió en su momento al Ministerio de Fomento, y que planteaba una recuperación presupuestada en unos 19 millones de euros. La financiación provendría de la compensación económica por la transferencia de la antigua travesía de la N-IV, de las medidas correctoras por la construcción del desdoble de la CA-33 a su paso por San Fernando y del 1,5% Cultural, que depende en gran parte de Fomento. El líder popular apuntó, además, que el Defensor del Pueblo Andaluz se ha pronunciado sobre este asunto para estimar que es necesario recomponer los términos conveniados para evaluar el grado de cumplimiento de las actuaciones programadas.

En cuanto a la primera fase, Loaiza lamentó que el conjunto de baterías y el Real Carenero se encuentre abandonado y sometido a actos vandálicos. "Hace 5 años se hizo usted la foto con el alcalde de Puerto Real y decían que se iba a poner en marcha, en valor, por parte de los dos ayuntamientos y sigue igual", advirtió a la alcaldesa, Patricia Cavada, sobre la realidad de este espacio patrimonial.

Desde las filas de Vox, su portavoz, Carlos Zambrano, defendió que este tipo de acciones –la comunicación a otras administraciones para que actúe sobre determinados asuntos locales– son necesarias. De hecho, señaló que la moción popular iba en consonancia con otra presentada por su grupo recientemente. Por eso, pidió que el informe técnico sobre el estado del Sitio Histórico que salió de su anterior moción se adjunte a la petición que ahora propone el PP. También los andalucistas mencionaron una moción de su grupo de 2015 en la que se quejaban del expolio al que estaban siendo sometidas estas estructuras. Su portavoz, Fran Romero, reclamó que el Gobierno ponga el dinero para su recuperación. Por su parte, la portavoz de Podemos, Ana Rojas, defendió la importancia de apoyar iniciativas de esta índole que pretenden dar el valor que se merece al patrimonio histórico y cultural de la ciudad. "Pero hay que evitar el deterioro de las obras ya realizadas", matizó en alusión una vez más a las baterías y el Carenero.

Toda la Corporación Municipal votó a favor de esta propuesta en un pleno en el que se trataron temas económicos en sus puntos de gestión. En concreto, el gobierno dio cuenta del cuarto trimestre del presupuesto de 2019 para destacar los datos positivos de los tres indicadores fundamentales. El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, resaltó la situación de la deuda financiera, que se sitúa en casi 23,5 millones, lo que supone una rebaja de algo más de la mitad desde 2015. También apuntó al incremento de la inversión desde el último año de mandato de José Loaiza al año pasado: de unos 2 millones a más de 7 millones. El tercer factor que reseñó el edil socialista se centraba en la reducción del periodo medio de pago a proveedores que a 31 de diciembre se situó "en apenas 16 días".

El PP, sin embargo, arremetió con la política fiscal del equipo de gobierno que considera recaudatoria. La concejala Inmaculada Marín cuestionó el aumento de la recaudación por el IBI o por plusvalía, mientras se descuidan, a su juicio, servicios públicos, dejan de gastarse partidas previstas para talleres de empleo o fomento del emprendimiento y se producen gastos superfluos como en mobiliario o no previstos como un aumento de la partida de propaganda institucional.

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