Un total de 175 páginas tiene el dictamen que hace el Partido Popular (PP) de la investigación que se ha llevado a cabo en comisión parlamentaria por "el fraude de los cursos de formación en Andalucía". En ellos se recoge las razones del cierre del Centro de Técnicas Industriales (CTI) hace tres años, que la formación popular achaca a las consecuencias directas de las "irregularidades" de esta formación, vinculadas además a los dos ejes que consideran fundamentales en este fraude: la el proceder de la FAFFE (la fundación que desarrollaba los cursos de formación) y las empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, es decir, lo que el partido insiste que existía en esta trama: "Una red clientelar de empresas vinculadas al PSOE que recibían dinero de la Junta".

Es de esta forma, según las explicaciones que ofreció ayer la parlamentaria andaluza Teresa Ruiz-Sillero, por la implicación de la FAFFE en los cursos que se ofrecían en el CTI, y por los cursos que debían recibir los ex trabajadores de Delphi que tenían como lugar de celebración las instalaciones del polígono de Fadricas I.

El daño que supuso para San Fernando, y el entorno de la Bahía, que se cerrara el CTI resulta, en palabras de esta política popular que ha formado parte de la comisión de investigación, "irreparable e incuantificable". Se refiere al hecho de que sean ya tres años sin cursos de formación para sectores para el empleo esenciales en la zona como el naval y el aeronáutico. Como ejemplo la soldadura, fundamental para la carga de trabajo de la industria naval. Pero también, aseguró por otro lado, es "cuantificable", al poder ponerse en cifras sus consecuencias. Se dejó en el interior de las dependencias del CTI unos dos millones en maquinaria. A eso hay que sumar 667.000 euros que dejaron de abonarse a los propietarios de la nave. "La situación se complica y guardan silencio al respecto tanto la secretaria general del PSOE gaditano, Irene García, como la alcaldesa, Patricia Cavada, porque al Ayuntamiento se le reclaman 6 millones de euros. En litigio está esa cantidad", detalló Ruiz-Sillero que hablaba de las cantidades que la Junta reclama al Consistorio, como único miembro del consorcio que gestiona el CTI, del que la Junta se salió con el cierre del centro y que sigue sin liquidarse. Para ahondar en esta cuestión, resaltó que de los doce consorcios formativos que existían en Andalucía sólo uno está vinculado aún a una administración local. Es hora, dijo, de que la regidora se siente con el consejero y lo solucione.

También se refirió ayer a este asunto el presidente local del PP, José Loaiza, que recordó que el cierre del CTI, la salida de la Junta y el bloqueo de la liquidación del consorcio se le achacó en su momento a él -como alcalde- y a una "confrontación política" y "ahora conocemos que se debió a las irregularidades de la formación".