Al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) solía reprochársele en su momento que tardó tanto tiempo en tramitarse que cuando por fin entró en vigor –y eso fue en febrero de 2013– ya estaba completamente obsoleto.

Puede que sea una visión demasiado simplista de un asunto con muchas aristas pero hay una cosa que resulta inequívocamente cierta: la realidad que se encontró ese Plan General cuando salió del horno nada tenía que ver con ese San Fernando de 1999 y de los primeros años del nuevo siglo en los que el Ayuntamiento isleño empezó a trabajar en la redacción de ese nuevo PGOU; un documento que aspiraba a convertirse en un auténtico punto de inflexión de la ciudad al impulsar su crecimiento a través de convenios urbanísticos, mejorar sustancialmente sus comunicaciones e impulsar el desarrollo de actividades económicas.

Huelga decir que, cuando la aprobación de la normativa refundida –con todas las correcciones y enmiendas que tuvo que asumir– al fin se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), todas esas honorables pretensiones del nuevo Plan General se dieron de bruces con el peor panorama que podían encontrarse: el estallido de la burbuja inmobiliaria, los efectos de la crisis económica de 2008 pasando factura en la empresa privada, la desastrosa situación del ladrillo y la construcción, los planes de ajuste y la reducción a mínimos de la inversión pública, los altos índices de desempleo y la contención del consumo...

Así que ese flamante y ambicioso PGOU cuya redacción había llevado más de una década quedó seriamente tocado nada más nacer hasta el punto de que no ha dejado de ser en todo este tiempo más que un documento imposible de materializar en la práctica y repleto de actuaciones urbanísticas cuya ejecución hoy se antoja casi imposible de llevar a cabo.

Que apenas se hayan abordado contados proyectos y actuaciones urbanísticas al amparo de este PGOU –el parque comercial de Janer, ahora en su fase de urbanización, es quizás la más llamativa de ellas– es algo que desde luego habla por sí solo al poner de manifiesto la escasa aplicación práctica que ha tenido en estos años. 

De hecho, está siendo ahora, casi una década después, cuando desarrollos como el de la Huerta San Joaquín o de la Huerta de la Compañía, que en su conjunto sumarán más de un millar de viviendas para Camposoto, están dando sus primeros pasos.

Y justo ahora la alcaldesa, Patricia Cavada, ha anunciado la redacción de un nuevo Plan General, un decisión política –no hay que olvidar tampoco que ese PGOU vigente fue aprobado por los gobiernos de PA y PP– que llega a la par de la LISTA, la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía que acaba de aprobar la Junta de Andalucía.

Así que, si las previsiones del gobierno municipal se cumplen, el PGOU de 2013 va a tener además un corta vida de apenas diez años de duración. Es decir, que va a estar en vigor menos tiempo incluso de lo que llevó su redacción, lo que no puede dejar de interpretarse como un fracaso cuando se habla de una herramienta urbanística del calado de un Plan General, destinadas a perdurar en el tiempo y a planificar la ordenación de un municipio de cara a décadas.

En el tintero no solo se tiene este PGOU los desarrollos residenciales previstos hace más de dos décadas  - esos como los que ahora están empezando a tomar forma en Camposoto con la aprobación de los planes parciales y la constitución de los sistemas de compensación– sino también temas de ciudad que han pasado a ser históricos y que llevan año s a la espera como los suelos de FSC (antigua Fábrica San Carlos, donde ahora se ha aprobado el proyecto de reparcelación) o de los polvorines de Fadricas, además de la ampliación de Bahía Sur.