El consejo de administración de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) dio ayer luz verde a la redacción inicial del Plan Municipal de Vivienda Protegida, un instrumento técnico que a partir del análisis de la situación actual de la vivienda en San Fernando y de las situaciones propias del municipio, "está llamando a definir las estrategias presentes y futuras de cara a desarrollar las promociones de VPO".

Según el presidente del consejo de administración de Esisa y primer teniente de alcalde, Francisco J. Romero, el documento ofrecerá "un modelo de ciudad que desde el punto de vista de la vivienda que será muy útil para trabajar".

Ahora, explicó, el Plan Municipal de Vivienda pasará por un proceso de participación ciudadana. "Procederemos a comunicar esta aprobación a los agentes económicos y sociales más representativos, así como a las asociaciones vecinales y a los demandantes de vivienda protegida, para que todos ellos realicen aquellas aportaciones y sugerencias que estimen necesarias en el marco de la primera revisión del plan, que deberá tener lugar en un plazo máximo de un año desde su aprobación", apuntó .

Otro de los temas que ayer se abordó en la reunión del consejo de administración de Esisa fue la modificación de las ordenanzas del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que resulta necesaria para adaptarse a lo estipulado en la disposición transitoria primera del decreto (1/2012).

Esta disposición establece que los ayuntamientos que hayan constituido el registro público de acuerdo con la orden de 2009, como es el caso de San Fernando, tendrán que adaptar sus bases reguladoras a lo establecido en el reglamento que aprueba dicho decreto en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor. Dicho plazo se extiende hasta el próximo 30 de junio, de ahí pues la necesidad de afrontar esta modificación de las ordenanzas que -según Romero- Esisa ya tiene bastante adelantada.

"La práctica diaria ha demostrado la necesidad de contar con mecanismos distintos a los inicialmente establecidos", precisó el presidente del consejo de administración de la empresa pública.

"Hay que tener en cuenta que los registros municipales de vivienda protegida son de reciente creación legal y que su puesta en funcionamiento ha demostrado las carencias de la normativa, las dificultades para llevar a la práctica sus previsiones (las conexiones directas a tiempo real con el Catastro, Agencia Tributaria, Seguridad Social o Policía Nacional nunca han terminado de poder ejecutarse) y las lagunas de la normativa a la hora de prever situaciones tales como rupturas familiares o duplicidad de solicitudes", insistió. La propuesta de modificación de la ordenanza, una vez redactada, tendrá también que ser aprobada por el consejo de administración.

Esisa también abordó ayer la prioritaria situación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) diseñado para los terrenos de la desaparecida Fábrica de San Carlos (FSC), que depende todavía del informe favorable del Ministerio de Defensa. En este sentido, el presidente de la empresa pública explicó con detenimiento el resultado del encuentro que el Ayuntamiento mantuvo recientemente con el director general de Infraestructuras de la Defensa, Eduardo Samarripa, para tratar, entre otros temas, este asunto. Una reunión a la que asistió Francisco J. Romero en calidad de presidente de la Sociedad de Gestión San Carlos, Sogescar, la responsable de afrontar el desarrollo de estos suelos.

Romero, de esta forma, subrayó el interés mostrado por Samparripa para solventar sin mayor dilación la situación de FSC. "La buena disposición mostrada por Samarripa, que visitó La Isla a los pocos días de tomar posesión de su cargo, deja bien claro que avanzamos hacia el desbloqueo de FSC y que el informe favorable no debería tardar en llegar", dijo.