Vicente y Eli tienen tres hijos. Hace unos días fueron desalojados de la casa en alquiler en la que vivían. Los escasos ingresos familiares, una prestación por desempleo de poco más de 400 euros, explican, les llevaron a no pagar el arrendamiento de 350 euros. Su drama con este desahucio es solo un ejemplo más de la situación que muchas familias con falta de recursos sufren. También en San Fernando.

"Soy cocinero, pero me quedé sin trabajo con todo esto del covid", explica Vicente, que este mes dejará de cobrar el paro. Eli tiene en trámites una renta mínima, sin recibir manutención alguna del padre de dos de los niños. Ambos ocupan desde hace unos días una habitación que les deja un amigo. Los niños –de ocho y cuatro años, y 11 meses– se quedan con los abuelos maternos, pero en la vivienda no cabe nadie más.

Su rutina en estos días es sencilla: se levantan, van a casa de los abuelos para arreglar a los niños y llevarlos al colegio, acuden al comedor de El Pan Nuestro, para el desayuno y las comidas –allí se duchan–, recogen a los niños y los llevan a la casa familiar, de nuevo.

Su caso fue objeto de confrontación el pasado pleno por la respuesta recibida de la Administración local. Tanto AxSí como Podemos cuestionaron durante una moción sobre vivienda de los andalucistas la falta de previsión municipal a pesar de que el desalojo estaba anunciado y criticaron la falta de plaza en el albergue para acoger a la mujer en esa situación extrema. "Había una plaza para mí, pero no para mi mujer, que la mandaban a El Puerto, pero lo rechazamos para atender a los niños", cuenta Vicente.

El compromiso adquirido con los abuelos era que los padres se hicieran cargo de ellos aunque los acogieran en casa. La alternativa, por tanto, era la calle. "Se buscó unos sacos de dormir, pero el compañero que los iba a llevar al sitio dijo que no podía hacerlo y varios voluntarios pagamos una noche de hotel", detalla Milagrosa Fernández Bey, que con un grupo de voluntarios está a punto de constituir la asociación Derecho Personas sin Hogar. Después les llegó la opción de la habitación–una cama pequeña y un colchón en el suelo– en la casa de un amigo, en cuyo coste han colaborado la Iglesia Protestante y que finalmente asume Cáritas. "Nos han comunicado que vamos a hacer unos cursos de formación, con prácticas, remunerados, y estamos pendientes", añade Vicente.

Fernández se queja de que la ayuda recibida haya venido de la mano "de la caridad, entre comillas" y no desde la administración. También, como AxSí y Podemos, insiste en la falta de plazas en el albergue. "No cubre las necesidades reales", lamenta. A eso se suma las escasas plazas para mujer. "Hay menos mujeres en la calle, pero son más vulnerables. Tenemos constancia de dos mujeres que duermen en la calle en estos momentos", lamenta.

La falta de alternativa habitacional para una familia con dificultades económicas también se ve afectada por no poder acceder a una vivienda de Esisa (la Empresa Pública de Suelo). "Mi mujer lleva años en lista de espera y como le corresponde una vivienda de tres dormitorios no le conceden una de dos, que sí hay", se queja. Desde el gobierno aclaran que Esisa no dispone de ninguna vivienda vacía, de hecho recuerdan que no están desahuciando por falta de pago de la renta. Con la compra de vivienda en el mercado, para la que están trabajando en la documentación necesaria, intentar paliar algo esta situación.

Servicios Sociales, que atienden a Eli desde hace tiempo a través del equipo de familia, le tramita de urgencia una renta mínima tras acabársele una anterior. Además, asegura el equipo de gobierno, se intentó parar el desahucio con la dueña pero nunca llegaron a usar las ayudas para reducir la deuda. Ante el desalojo y al ser una familia con menores se comprobó si tenían red familiar, y así era para los niños y ella aunque el hombre debía ir al albergue, lo que no aceptaron por tener que separarse. En cuanto al albergue defienden que La Isla es de los pocos municipios con plazas reservadas a mujeres.