La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, exige a la Junta de Andalucía la reparación urgente del colegio San Ignacio ante el importante y progresivo deterioro que sufren las instalaciones y el riesgo que supone para el alumnado. La regidora ha remitido de nuevo una carta al Gobierno andaluz para insistir en esta demanda.

Desde el gobierno municipal se recuerda que ya envió un escrito noviembre de 2021 y que el nuevo se suma a la constante reclamación durante el último año en llamadas y peticiones tanto por parte del Ayuntamiento como del propio centro y la FLAMPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas). En la nueva misiva Cavada reclama una reunión al consejero de Educación para explicarle con detalles la necesidad de que se acometan cuanto antes las actuaciones en el centro, a las que la Junta ya se comprometió. La intención es que en ese encuentro también estén presentes representantes del consejo escolar del centro y miembros de la FLAMPA.

"La situación se hace insostenible y resulta totalmente alarmante el retraso y pasividad frente a un asunto tan grave y que afecta a lo más importante que tenemos, que son nuestras niñas y niños, que merecen recibir su formación no solo en las mejores condiciones, sino además con toda la seguridad", advierte la regidora isleña. La intervención en el San Ignacio debe ser de urgencia por el grave deterioro estructuras que sufre el centro.

En la carta de noviembre de 2021, apunta Cavada, ya se daba cuenta del contenido de los informes técnicos municipales que señalaban el grave estado del edificio, estructuralmente deteriorado, porque además del mal aspecto genera por los desprendimientos que pudieran ocasionarse. Existe enorme preocupación el equipo de gobierno y en la comunidad educativa. Por eso, pide al gobierno de Juanma Moreno Bonilla que cumpla con los compromisos que había adquirido de acometer los arreglos.

En una respuesta de diciembre de 2021 a la Oficina de la Infancia y Adolescencia de Andalucía del Defensor del Pueblo Andaluz el Gobierno andaluz apuntaba ante el informe abierto por este estamento que la Agencia Pública Andaluza de Educación tenía prevista una actuación presupuestada en 60.000 euros. Se indicaba que la licitación de los trabajos se tramitaría "mediante el acuerdo marco que tiene aprobado la Agencia", porque eso permitía pasar de una media de 6 meses de adjudicación del contrato a 2 o 3 semanas.

La Oficina de la Infancia y Adolescencia de Andalucía del Defensor del Pueblo Andaluz señala en la información sobre esta queja "la necesidad de imprimir la máxima agilidad en las actuaciones previstas a fin de ejecutar los trabajos proyectados y que revertirán en la adecuación del edificio del centro educativo".

Hasta la fecha ni el Ayuntamiento ni la FLAMPA, que también han solicitado información a la Junta, han recibido una respuesta concreta sobre la ejecución. Mientras, el Ayuntamiento ha adjudicado un contrato para trabajos de aseguramiento del edificio colocando mallas protectoras frente a desprendimientos, así como reparación de grietas, y resanado en determinadas zonas del centro, ya ejecutadas.

En los próximos días se desarrollarán más actuaciones de mejora de la seguridad, como la instalación de una red en el acceso principal del centro, así como otras labores de mantenimiento. La alcaldesa ya se lo ha comunicado a representantes de la AMPA y del consejo escolar y a la dirección del centro, en una reunión a la que también asistieron la FLAMPA y los concejales de Infraestructuras y Mantenimiento Urbano, Javier Navarro, y Educación, Antonio Rojas.

En el marco de ese encuentro, la alcaldesa anunció que pondría de nuevo en marcha las acciones necesarias para que la administración responsable y competente para ejecutar esta obra, la Junta de Andalucía, actúe lo antes posible en el colegio.