Las obras de urgencia llevadas a cabo en el colegio San Ignacio por parte del Ayuntamiento de San Fernando distan mucho de solucionar los graves problemas que afectan al edificio, donde se han dado ya varios desprendimientos, y cuyo arreglo la comunidad educativa lleva reclamando desde el año 2018.

El centro -ha señalado la AMPA- necesita una intervención integral de manera urgente y lo que se ha hecho, prácticamente, es colocar una red en la fachada exterior para garantizar la seguridad en el caso, más que probable, de que continúen los desprendimientos de cascotes en el futuro. 

El problema, lamentan, es que no hay viso alguno de continuar los trabajos a pesar de la insistencia con la que desde la comunidad educativa se viene reclamando el arreglo del colegio y se viene alertando de la falta de seguridad que supone la situación para los alumnos. Se trata, pues, de "un parche" que ni de lejos solventa los problemas del edificio.

"La malla, además, solo está por fuera del centro. Por dentro, donde también se han caído cascotes, no hay nada", afirma la presidenta de la AMPA, Olga Richarte, al hacerse eco de la indignación generalizada de las familias que tienen a sus hijos escolarizados en el centro. 

El colegio, insisten, no puede seguir en esa situación. De hecho, desde la AMPA se barajan recoger firmas y otras actividades de protesta para intentar conseguir lo que hasta ahora no se ha podido con la vía administrativa y los escritos que llevan años remitiéndose tanto al Ayuntamiento de San Fernando como a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía. 

El problema, precisamente, es que el Consistorio isleño considera que se trata de una obra que es competencia de la Junta de Andalucía al precisar de una actuación estructural que va más allá de las meras labores de mantenimiento del centro. Y Educación opina justo lo contrario, que es el Ayuntamiento el que tiene que solventar los problemas del centro al ser la administración responsable de su mantenimiento. 

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha reclamado en varias ocasiones a Educación un plan de inversiones pactadas con el Ayuntamiento para asegurar este tipo de intervenciones. Incluso ha demandado el uso de fondos europeos para casos como el del colegio San Ignacio, que tiene una antigüedad de 56 años y problemas estructurales que demandan una intervención de envergadura. 

En las obras de urgencia llevadas a cabo por el Ayuntamiento isleño semanas atrás -cuyo coste ha rondado los 12.000 euros- además de colocar la malla protectora se ha intervenido en algunas zonas en las que existía un mayor peligro de desprendimiento, si bien el edificio continúa a la espera de una intervención por derecho para zanjar sus problemas.

Desde la AMPA, no obstante, se insiste en exigir el arreglo del edificio para garantizar la seguridad de los alumnos y se alerta del riesgo que existe en la actualidad y de la responsabilidad que tienen las administraciones competentes.