La familia que regenta El Inesperado reivindica su derecho de uso frente al desahucio del Ayuntamiento de Puerto Real

El consenso que hubo en el pleno municipalde Puerto Real para aprobar el desahucio administrativo del Bar El Inesperado y su vivienda anexa junto a Las Canteras, hacía creer que el proceso se llevaría a cabo con cierta normalidad. Sin embargo, la otra parte implicada, los actuales inquilinos, no ha permanecido de brazos cruzados y ha reivindicado su derecho de uso.

“Mi presencia en el inmueble no es irregular ni arbitraria: está amparada por un Decreto del Ayuntamiento de Puerto Real de 1 de marzo del año 2000, en el que se reconoce expresamente mi derecho de uso como adjudicataria legítima de la vivienda y el local. Ese título sigue vigente y nunca ha sido revocado ni anulado”, asegura Lourdes Romero Rubio, la actual inquilina de la finca.

Ella explica que, durante más de 50 años, “hemos vivido y trabajado allí, en un lugar que fue construido íntegramente por mis padres, con su esfuerzo y con el mío. En ese terreno levantamos un hogar y un pequeño negocio familiar que siempre ha sido un punto de encuentro para muchos vecinos de Puerto Real”.

Según relata Lourdes Romero, “en abril de este año se cambiaron las cerraduras del local, sin procedimiento, sin expediente y sin notificación previa alguna, vulnerando mis derechos fundamentales y la legalidad administrativa más básica”.

Sobre la aprobación en pleno del desahucio administrativo, Lourdes Romero explica que no se le ha comunicado ni antes ni después de la votación. “A fecha de hoy, no he recibido ninguna notificación oficial sobre esa decisión que me afecta directamente. Mientras tanto, al parecer, el local podría haber sido adjudicado o reservado a la Peña Flamenca de Puerto Real”.

Por ello, la familia residente se pregunta qué procedimiento de adjudicación se ha seguido para “entregar mi local a terceros” y quién va a devolverle “todo el dinero y los años de trabajo invertidos en construir y mantener ese lugar junto a mi familia”.

Además, cuestiona la forma de actuar del Ayuntamiento, “que debería ser ejemplo de legalidad, transparencia y justicia, no de arbitrariedad y silencio”. “Solo pido respeto, legalidad y justicia. Porque nadie debería ser desalojado de su casa y su trabajo de toda la vida sin aviso, sin procedimiento y sin derecho a defenderse”.

La mujer asegura que “todo puede probarse con documentos oficiales, denuncias y escritos registrados ante el Juzgado de Instrucción de Puerto Real y el propio Ayuntamiento”.