Costas ordena el desalojo de las casetas irregulares de la Isla del Trocadero
Inicia 159 expedientes de recuperación y da diez días para abandonar voluntariamente el terreno y retirar las construcciones si no hay documento que ampare la ocupación
Una voz única para impulsar la necesaria y urgente recuperación de la Isla del Trocadero
La icónica imagen de la Isla del Trocadero de Puerto Real, con sus barcos de pesca y las casetas de los pescadores que desde hace más de cincuenta años han habitado la zona parece tener los días contados. La Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico ha puesto en marcha un amplio procedimiento administrativo para la recuperación del dominio público marítimo-terrestre. En concreto, el organismo estatal ha acordado la incoación de 159 expedientes de recuperación posesoria que afectan a un conjunto de casetas y otras edificaciones situadas en terrenos de dominio público, construidas de forma irregular a lo largo de décadas.
La actuación se localiza en el margen derecho del caño del Trocadero, en las inmediaciones de la denominada salina Victoria del Trocadero, dentro del tramo comprendido entre los hitos M.40 y M.42 del deslinde oficial del dominio público marítimo-terrestre. Dicho deslinde fue aprobado mediante Orden Ministerial de 29 de mayo de 1998, por lo que la zona afectada cuenta desde hace décadas con una delimitación administrativa clara.
A lo largo de casi tres décadas han sido varios los intentos de derribo de estas casetas. Uno de los últimos intentos fue en el año 2002, que finalmente quedó paralizado a la espera de encontrar alternativas para quienes ocupan estas casetas, que nunca llegaron. Entonces se intentó poner en valor el trabajo de los pescadores de la zona y su actividad como conservadores del espacio. “Si no es por ellos y por su actividad, el caño ya se habría secado”, se decía. Ahora, Costas parece nuevamente decidida a recuperar este terreno, del mismo modo que ya lo hizo en la zona de La Casería, en San Fernando, en febrero de 2022.
Y es que se teme además que esa actuación en San Fernando pueda provocar un aumento de estos asentamientos en el Trocadero, ya que algunas personas han mostrado intención trasladar su actividad de La Isla a la Villa tras el derribo.
Según consta en la notificación publicada, la resolución de inicio de los expedientes fue adoptada el 12 de enero de 2026, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Costas y su Reglamento. La medida incluye, además de la incoación formal de los procedimientos, un requerimiento expreso de cese de la ocupación y la retirada de las instalaciones y construcciones existentes en estos terrenos, considerados de uso y titularidad pública.
Estos pequeños casetones han sido utilizados históricamente por los propietarios de las embarcaciones atracadas en el Trocadero para guardar motores, redes, cañas de pescar y otros utensilios. La Demarcación de Costas ha optado por la publicación del anuncio como medio de notificación, al no haber sido posible comunicar el acuerdo de forma individualizada a todos los ocupantes, ya que en muchos casos se desconoce su identidad o domicilio.
Los interesados podrán examinar los expedientes en las oficinas de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico. Asimismo, se ha concedido un plazo de ocho días desde la publicación del anuncio para presentar alegaciones. De manera paralela, quienes no dispongan de un título habilitante que ampare la ocupación, disponen de diez días para desalojar voluntariamente los terrenos y retirar las construcciones. En caso contrario, la Administración podrá proceder a la recuperación posesoria del dominio público, una actuación que busca garantizar la protección del litoral y el uso común de estos espacios.
Este proceso es idéntico al que se produjo en la zona de La Casería, donde todas las alegaciones presentadas por los afectados tras recibir las correspondientes notificaciones fueron desestimadas. Solo quedan pendientes de resolución las de los dos negocios de hostelería que iniciaron la vía judicial y están pendiente de resolución. En La Casería se incoaron 59 expedientes en noviembre de 2020 y 16 meses después los asentamientos fueron derribados pese a la fuerte oposición popular. En Puerto Real, estas construcciones ilegales suman un centenar más.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Puerto Real se pide a Costas “un proyecto de recuperación de este espacio, desde el punto de vista medioambiental e histórico, en el que también tenga cabida la pesca artesanal”, dice el responsable de Urbanismo del municipio, José Antonio Montilla. Apunta además a que esa recuperación debe de ir de la mano de la Universidad de Cádiz, que ya ha estado trabajando en la zona con la creación de proyectos de relevancia como el de su gemelo digital.
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