El caso Grazalema, el posible cobro de comisiones en el Ayuntamiento serrano, parece ser una de las últimas víctimas del manido tópico de la lentitud de la justicia. Este diario acaba de tener acceso a una providencia de la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Ubrique, al cargo del asunto, de mayo, en la que "da por recibidos" numerosos escritos presentados por las partes, algunos de los cuales datan de año y medio antes.

El Juzgado de Ubrique, al ser único, atiende los asuntos de diversos municipios serranos, así que acostumbra a estar sobrecargado de trabajo. Y además, se ha revelado en la práctica como un Juzgado de paso por el que desfilan los jueces, a la espera de un mejor destino. Baste decir que este caso de Grazalema ha pasado ya por las manos de tres.

La providencia de mayo, en la que se dan por recibidos los escritos requiriendo nuevas diligencias de las partes, datados entre enero y junio de 2007, ordena que se dé traslado al Ministerio Público, para que el fiscal de Medio Ambiente valore si procede o no incoar esas nuevas diligencias. Así que hay que esperar ahora a que el fiscal estudie el asunto y se pronuncie sobre las demandas.

El supuesto caso de cobro de comisiones salió a la luz a raíz de la polémica desatada con las obras que provocaron el desvío del cauce del río Guadalete en pleno casco urbano. La investigación arrancó tras denunciar la alcaldesa de Grazalema, la socialista María José Lara Mateos, en mayo de 2006 a la Fiscalía de Cádiz que varios promotores y constructores (los responsables de la obra que desvió el río) le habían dicho que el arquitecto municipal, Juan Prieto, pedía comisiones. La denuncia de la regidora dio paso a la Operación Pinsapar de la Guardia Civil, que llevó a la cárcel al arquitecto municipal y al contratista de la obra del río, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros, según consta en un acta que levantó el secretario del Consistorio serrano de la reunión que dicho contratista, junto a otros arquitectos y un promotor de la obra, mantuvo con la alcaldesa y otros ediles de su gobierno.

Junto a Prieto y el contratista, que saldrían de la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 euros, fueron detenidos dos representantes de la promotora de las obras del río, Inmocentral, Raúl Gascón Aparicio y Rafael Torres Sánchez, y Antonio del Canto, arquitecto de Ubrique, y José Antonio Martínez, ingeniero industrial de esa misma localidad. Todos están encartados, en mayor o menor medida, por delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio, y falsedad.

A estos seis imputados se les sumó con posterioridad el ex alcalde Antonio Mateos, tío de la alcaldesa, acusado de un presunto delito de prevaricación.