Las fugas de menores de los centros de acogida o de reforma, en casi todos los casos menores inmigrantes, siguen manteniendo a la provincia de Cádiz al frente de las denuncias de desapariciones en España. Así figura en el informe anual sobre desaparecidos que publica el Ministerio del Interior. En la de Cádiz, a fecha 31 de diciembre de 2018, permanecían abiertos 4.914 casos. Es un incremento enorme. El año pasado eran 1.517. La segunda, que es Granada por los mismos motivos que Cádiz tiene 1.300. Las dos provincias de España más pobladas, Madrid y Barcelona tienen, respectivamente, 347 y 389. Hasta ese punto se hace patente la diferencia. Pero es que el fenómeno se está extendiendo Sevilla, por ejemplo, ha multiplicado su cifra por tres, pasando de 147 a 455.

“Las provincias de Cádiz, Granada, Almería y Málaga son las que encabezan la lista por orden de importancia de hechos denunciados por desapariciones de menores de edad. En este sentido, cabe señalar que las provincias en las que se producen o registran mayor número de personas desaparecidas menores de edad cuentan en sus localidades con centros de acogida de menores”, se explica en el mismo informe.

Gabriel Delgado, coordinador de Tierra de Todos, la organización de la Iglesia que se encarga de dar cobertura a los inmigrantes en Cádiz, ha explicado que “en el caso de los menores la huida de los centros forma parte de su proyecto migratorio, ya que suelen tener algún familiar en otro punto de España o Europa que los están esperando”. Los menores que llegan en pateras, como se sabe, no son repatriados, sino que pasan a depender de los centros de menores, donde no se obliga a un control de movimientos a los chavales.

Interior explica las causas de la misma en su informe. “Aunque las fugas de menores de centros de acogida se han venido incrementando desde el año 2017, ha sido durante el pasado 2018 cuando dicho aumento se ha producido de manera considerable”. En concreto, en toda España han crecido un 67,8% las denuncias activas por menores correspondientes a hechos de este tipo. En estos datos se incluyen a los menores extranjeros no acompañados (Mena). Los responsables de estas instalaciones presentan denuncias por desaparición cuando se produce alguna de estas fugas, pero luego se olvidan de comunicar que el menor ha aparecido. De esta forma, la denuncia se queda abierta y no se cancela, y sigue contando en la estadística.

El pasado año se denunciaron la desaparición de 8.320 varones extranjeros con edades comprendidas entre 13 y 17 años. Ahí está la cifra de Cádiz.Es decir, la mayor parte de estas denuncias pertenecen a la provincia y la mayoer parte son menores que entraron irrgularmente, de un modo u otro, por el Estrecho.Por ejemplo, en la provincia de Cádiz de los 4.914 casos de desapariciones, sólo tres tienen riesgo calificado alto confirmado y otros dos riesgo alto no confirmado. Estas cinco serían las desapariciones puras. De estas tres primeras ningún caso es de menores. Esta es una clasificación que establece el Ministerio del Interior en función del criterio de la Policía Judicial que analiza cada desaparición.

Sustracción de menores

Otros casos tienen que ver con la sustracción de menores, que generan alrma, aunque suelen estar relacionados con separaciones de parejas y que no están conformes con las decisiones sobre la custodia. El pasado año en la provincia hubo seis. Desde 2010, en la provincia ha habido 54 denuncias y en los últimos tres años el número se ha mantenido siempre estable.

Si el desaparecido es menor de edad, el caso siempre se considera de alto riesgo. A raíz de la desaparición de la sevillana Marta del Castillo, el Ministerio del Interior cambió los protocolos de actuación de las Fuerzas de Seguridad para investigar las desapariciones. Cada vez que se denunciara la ausencia de una persona de menor de edad, la Policía y la Guardia Civil comenzarían inmediatamente a investigar, sin necesidad de que transcurrieran veinticuatro horas ni ningún otro plazo. Era una forma implícita de reconocer los errores de la Policía al principio de la investigación, que terminarían siendo claves para que nunca se hallara el cuerpo de la joven desaparecida y por cuya muerte, pese a no existir cuerpo, hay una persona condenada.Diez años después, Interior ha vuelto a revisar los protocolos de actuación para las desapariciones. El ministro, Fernando Grande-Marlaska, presentó la semana pasada un paquete de medidas que han sido puestas en marcha por su departamento para mejorar la eficacia en las investigaciones sobre personas desaparecidas y la atención a los familiares de las víctimas. Desde el año 2010 se han presentado en España un total de 174.883 denuncias por desapariciones de personas, de las que han sido resueltas 163.405, según figura en el informe, que ha servido precisamente de punto de partida para articular una mejor respuesta a este problema.

Grande-Marlaska explicó que mejorar los mecanismos ante las desapariciones de personas constituye una prioridad para el Ministerio y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La presentación de las medidas se hizo de cara a la celebración el 9 de marzo del Día Nacional de las Personas Desaparecidas.

Entre estas medidas destaca la puesta en marcha del protocolo de actuación de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas, que ha sido elaborado tras un exhaustivo análisis y cuyo objetivo es servir de herramienta de base a emplear por los miembros de los Cuerpos policiales cuando tengan que hacer frente a un hecho de esta naturaleza.Según la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, este documento establece una nueva clasificación sobre las personas desaparecidas (desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas), algo fundamental debido a la gran casuística que muestra el entramado de las desapariciones, que, partiendo de una realidad abrumadora como es que la desaparición de una persona, conlleva unas circunstancias que la hacen única en cada caso.

En función de esta clasificación, el documento introduce unos indicadores de riesgo a valorar por los agentes ante el conocimiento de un hecho de esta naturaleza. En el protocolo se recopilan de manera ordenada los distintos aspectos de la actuación policial ante desapariciones, especificando de manera diferenciada aquellas acciones que deberán ser desarrolladas en función de la clasificación establecida, la tipología existente y la valoración del riesgo y el peligro presente para una persona sobre la que consta una denuncia por desaparición.Por otra parte, se incluye un apartado concreto dirigido a los familiares, personas allegadas y conocidos de estas personas desaparecidas, donde se precisan aspectos relacionados con la atención, protección y orientación que debe dispensarse. El ministro del Interior destacó que el trabajo coordinado “es fundamental para aliviar la situación de los desaparecidos y de sus familias”.