El Campo de Gibraltar sigue dando pasos hacia la consecución de una de sus reivindicaciones históricas, un régimen fiscal especial que se acerque al existente en su entorno. El Gobierno se comprometió a estudiar su creación y está avanzando en ello: según los análisis realizados, no existen inconvenientes legales para la fiscalidad especial que reclaman alcaldes, empresarios y agentes sociales de la comarca.

Fuentes gubernamentales confirman lo anunciado hace un mes y medio por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz: el Ejecutivo está trabajando ya en la puesta en marcha de la propuesta presentada por la Mancomunidad de Municipios en octubre del pasado año. Los regidores reclamaron el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, un régimen fiscal especial para empresas y funcionarios, un plan de empleo y programas de formación y la ejecución de infraestructuras pendientes, desde la Algeciras-Bobadilla a la conexión como área metropolitana. ¿El objetivo? Reducir la dependencia de la economía comarcal de Gibraltar y hacer frente a los efectos de la salida de Reino Unido, y por tanto el Peñón, de la Unión Europea.

Ventajas en los impuestos de renta y Sociedades, entre las medidas planteadas

Con la fecha de inicio del temido Brexit ya sobre la mesa (9 de marzo), el Gobierno va trabajando en paralelo para tener una propuesta concreta cuando llegue ese momento. Sanz ya dio algunas pistas sobre cuál puede ser el modelo a seguir, que no tendría por qué tomar de ejemplo los regímenes fiscales singulares que ya existen en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla.

La primera medida pasaría por una rebaja del impuesto de Sociedades, muy diferente a uno y otro lado de la Verja: del 25% campogibraltareño al 10% yanito. Acortar esa diferencia sería una de las primeras líneas reivindicadas por la comarca dentro de esa fiscalidad especial, de modo que el Campo de Gibraltar pueda atraer nuevas empresas o compañías que operan ahora al otro lado de la Verja y quieren permanecer dentro del mercado único.

También se plantean mejoras en el impuesto sobre la renta que puedan impulsar la creación de empleo o facilitar la llegada de funcionarios del Estado a la comarca. El propio Sanz reconocía que "es una realidad que hay dificultades para prestar servicios fundamentales" al no encontrar empleados públicos para cubrir los puestos vacantes, o por el escaso tiempo que estos permanecen en una comarca que presenta unas singularidades respecto a otras zonas del país que no son recompensadas.

El delegado del Gobierno prometía "buscar fórmulas flexibles para equilibrar fiscalmente la zona", con un modelo fiscal que forme parte de un "plan de desarrollo integral del Campo de Gibraltar" que dé impulso a la actividad económica y el empleo "más allá del resultado del Brexit".

Ese cambio de modelo no encuentra impedimentos legales y se sigue avanzando en darle forma. Quedarían sobre la mesa el resto de las reivindicaciones hechas por los alcaldes. Sobre el plan de empleo, Sanz esgrimió en su día la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) como el programa de empleo "más innovador y ambicioso". Y respecto a las infraestructuras, se espera la reanudación en breve de las obras paralizadas de la línea Algeciras-Bobadilla y la licitación del anteproyecto del desdoble Algeciras-Tarifa; otra cuestión serán las cuantías incluidas para los proyectos pendientes en los futuros Presupuestos Generales del Estado.

El alcalde de San Roque y vicesecretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ya ha emplazado a aprovechar la celebración el Día de la Comarca para que "se oiga alto y claro la necesidad de ese espacio fiscal para la comarca". A su juicio, "podrían ser ventajas en impuesto de sociedades, en el IRPF, en el IVA y en aquellos tipos impositivos que permitan competir con las ventajas que se ofrecen en la colonia de Gibraltar que tiene superávit en sus cuentas, pleno empleo, más de 20.000 empresas dentro de una población de 30.000 habitantes". Un escenario que contrapuso al que se da "al otro lado de la Verja, con más de 35.000 desempleados y 8.000 empresas para una población de 250.000 habitantes, dando lugar a una diferencia enorme".