villamartín

El pueblo encomienda a Diputación la gestión de las sanciones administrativas

  • El acuerdo aprobado antes en el pleno municipal tiene una validez de cuatro años prorrogables

El alcalde Juan Luis Morales y el diputado de Servicios Económicos, Jesús Solís, tras la firma del acuerdo.

El alcalde Juan Luis Morales y el diputado de Servicios Económicos, Jesús Solís, tras la firma del acuerdo.

El Ayuntamiento de Villamartín y la Diputación Provincial de Cádiz suscribieron ayer un convenio por el que se encomienda a la administración provincial, a través del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRyGT), la gestión y recaudación de sanciones administrativas por infracciones cometidas en este municipio. El acuerdo, aprobado por el pleno de la corporación el pasado marzo, tiene una validez de cuatro años, prorrogable anualmente una vez pasado este plazo.

Jesús Solís, diputado del Área de Servicios Económicos, y el alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales, mostraron su satisfacción por la implantación de este servicio, que la Diputación puso en marcha a finales del año 2016 y con el que se pretende cubrir las demandas de los ayuntamientos de la provincia para ser asistidos en esta materia.

La prestación de este servicio puede ampliarse a otros ayuntamientos en un futuro próximo

La casuística de estas infracciones es variada, ya que dentro del convenio se incluye la gestión y recaudación de sanciones por incumplimiento de la normativa de medio ambiente, seguridad ciudadana, espectáculos públicos, tenencia de animales u orden público, entre otras.

A través del convenio con el Ayuntamiento de Villamartín, que incluye la realización de todas las actuaciones materiales y de instrucción del procedimiento sancionador, el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria procederá a la prestación de un servicio que tiene vocación de ampliarse a más ayuntamientos en el futuro. Las infracciones administrativas contempladas en el convenio se refieren a la normativa reguladora de la protección de animales; tenencia de animales potencialmente peligrosos; contra la seguridad ciudadana; comercio ambulante; normativa reguladora de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros y ruido, entre otros.

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