Los colectivos que han participado en la redacción del Proyecto LARS (Las Aletas: Real y Sostenible) consideran que el protocolo firmado por el Estado y la Junta de Andalucía en torno al Consorcio de las Aletas "no es más que un nuevo intento de seguir instalados en la misma visión interesada, privatizadora y esquilmadora de la que sólo se puede esperar frustración, fracaso y atrasos de la comarca"

Pese a que la primera valoración que realizan es positiva, puesto que entienden que el empeño del colectivo LARS empieza a dar sus frutos y pone en el debate público "la incoherencia y la incompetencia de nuestra clase política", denuncian que el Consorcio Aletas limita sus nuevas ideas al rango institucional: Zona Franca, Autoridad Portuaria y Parque Tecnológico TecnoBahía. "Poca innovación van a aportar estos socios públicos", apuntan.

Critican que el Estado y la Junta no cuenten con la UCA, el Parque Natural y los colectivos sociales

Entienden que las empresas de base tecnológica y bajo impacto ambiental están "muy alejadas en su concepción y propuesta del modelo anquilosado de la Zona Franca de Cádiz". Estiman que el nuevo espacio recuperado ecológicamente y promovido como parque tecnológico no debe tener vocación portuaria porque la sentencia del Tribunal Supremo lo desecha drásticamente, ni debe responder a pretensiones logísticas porque almacenar y distribuir mercancías puede tener otra ubicación.

En cambio, creen que la acogida y promoción de la innovación industrial que representa TecnoBahía sí tiene sentido y viabilidad en esta nueva área de oportunidad. "Es lo que defendemos en LARS: la recuperación del tejido industrial basado en el conocimiento, la explotación sostenible e innovadora de los recursos endógenos, la recuperación de actividades productivas tradicionales y la incorporación a la economía digital, social, circular y azul de la comarca".

De igual manera, creen que el acuerdo "nace mutilado" por la ausencia de otros socios públicos que consideran "imprescindibles" como la Universidad de Cádiz, el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, la administración local y la Diputación.

Por último, denuncian que en el protocolo se constituye un grupo de trabajo formado por seis miembros de las dos administraciones, "sin contar con los hasta ahora únicos artífices de nuevas ideas: los colectivos sociales".