Barbate tiene 22.582 habitantes, más de 4.000 parados y una de las rentas per capita más bajas del país. Con esta situación económica y social, la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento es muy limitada. En 2007, el último ejercicio cerrado y liquidado, el Consistorio que ahora dirige Rafael Quirós gastó cerca de 17 millones, pero de ellos sólo el 3% (515.000 euros) pudo reservarse para inversión real en la localidad (obras de construcción y mantenimiento, fundamentalmente), y eso que el año se cerró de nuevo con números rojos. Es lo que quedó después de desembolsar el 70% en nóminas y otro 20,5% en gastos corrientes y de servicios.

Con este estado contable, Barbate, un municipio sobre el que instituciones y agentes se han volcado esta legislatura para acabar con el letargo de los últimos años, tiene ante sí un caramelo, por ahora no envenenado, de 5,3 millones procedente de los nuevos fondos estatal y autonómico para inversión municipal.

El impacto parece merecer el esfuerzo, ya que esta inyección doble permitirá a Barbate multiplicar por nueve sus inversiones (de sólo 515.000 euros a 5,3 millones) y, sobre todo, será una clara bocanada de aire fresco para una localidad atenazada por las deudas y marcada por unas condiciones de atraso insostenibles.

Ésta es, con los matices propios de cada idiosincracia, la tesitura en la que se encuentran hoy en día los 44 municipios de la provincia, que desde el pasado miércoles se afanan en preparar proyectos para optar al máximo de las cantidades disponibles. De los 8.000 millones totales, el Gobierno central, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, ha asignado a Cádiz 213 millones, resultado de multiplicar 177 euros por los 1,2 millones de habitantes de la provincia. Mientras, la Junta ha destinado 48,8 millones de los 360 millones del denominado Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja).

La distribución de este segundo plan regional de ayudas se ha hecho, igualmente, en función de la población, pero, a diferencia del fondo estatal, este criterio no es el único y también se han tenido en cuenta el volumen de parados, el peso de este colectivo sobre el total de habitantes y el crecimiento que ha experimentado en el último año.

La cifra que se ha tomado como referencia es la correspondiente al pasado mes de octubre, cuando la provincia se asomaba a los 140.000 parados, y la cuantía económica asignada es el resultado de una ponderación de los valores anteriores. De esta forma, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Gobernación, pretende hacer un mayor esfuerzo en las localidades más azotadas por la crisis del ladrillo.

Así se explica que los ayuntamientos con mayores inyecciones de dinero sean Jerez, Algeciras y, en tercer lugar, Cádiz, ya que, aunque la ciudad campogibraltareña tiene menor población que la capital, actualmente soporta un nivel de desempleo proporcionalmente mayor. Lo mismo ocurre con Barbate, Sanlúcar o Ubrique, que también percibirán cantidades superiores comparadas con las de Conil, La Línea o Chipiona, de similar población respectivamente, debido a su especialmente delicada situación laboral. Además, la Junta ha adjudicado un mínimo para los pueblos más pequeños, de forma que se aseguran percibir al menos 1.745,9 euros por parado.

La suma de ambas transferencias directas es de 262,5 millones que, dicho en euros, podrían parecer bastante dinero, pero que, traducidos en la antigua moneda nacional, resultan la friolera de 43.676 millones de pesetas y más de 35.000 por habitante (217,4 euros). De este montante global, los quince municipios gaditanos de más de 20.000 habitantes absorberán algo más de 220 millones, el 84%. Y si se compara esta cantidad con las inversiones que realizaron en 2007, el resultado es un incremento muy sustancial del dinero disponible. Además de Barbate, esta nueva inyección económica será muy notable en ayuntamientos como el de El Puerto, Algeciras o Sanlúcar, ya que para estos representará el triple o hasta el cuádruple (en el caso sanluqueño) del dinero disponible para inversiones -según las realizadas en el ejercicio 2007-.

Y todo deberá destinarse única y exclusivamente a obras, lo que significa que el próximo año habrá una lluvia de adjudicaciones a empresas y, en éstas, a su vez, de contratación de personal preferentemente en paro -criterio fundamental para la concesión del dinero-, aunque esta condición parece bastante plausible dada la sangría laboral que ha dejado la galopante crisis inmobiliaria en los últimos meses.

El impulso de actividad que se persigue será además inminente, aunque los plazos difieren según el fondo: mientras el estatal impone que las actuaciones se desarrollen a lo largo de 2009 y se justifiquen en el primer trimestre de 2010, el programa Proteja permite alargar este periodo de obras hasta finales de 2010, es decir, dos años.