Los cuatro procesados en la causa penal por la construcción del aparcamiento Escalinata coincidieron ayer en defender la limpieza y pulcritud de sus actuaciones en la primera jornada del juicio que busca esclarecer si hubo prevaricación en los trámites en los que participaron para promover la construcción del aparcamiento (posteriormente declarado ilegal), el reconocimiento de los daños generados por las obras al edificio Escalinata -contiguo al estacionamiento y que acabó siendo declarado en ruina- así como en el pago a los vecinos por los realojos.

En el banquillo se sientan los ex alcaldes socialistas Tomás Herrera y Juan Antonio Palacios, el ex concejal andalucista José Luis Ortega y al arquitecto municipal Arsenio Pacios. Los tres primeros están acusados de prevaricación continuada para los que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación, mientras que al cuarto se le añaden supuestos delitos de falsedad documental que elevan la petición de condena a 15 años de inhabilitación y cinco de prisión.

El Ministerio Fiscal es la única entidad que sigue al frente de la querella original interpuesta hace 14 años por la comunidad de propietarios del edificio Escalinata. El reciente acuerdo entre el Ayuntamiento de Algeciras y los vecinos de una indemnización (1,3 millones) provocó la retirada del procedimiento de los querellantes y, como consecuencia, del Ayuntamiento y las aseguradoras como supuestos responsables subsidiarios.

Las declaraciones de ayer buscaban arrojar luz sobre cuestiones como la ejecución del aparcamiento sin licencia de obras y ampliando la capacidad originalmente prevista. También en la negativa municipal de pagar por los realojos en el año 2003 y asumir así responsabilidades, entre otros hechos cuestionados por los vecinos del bloque y por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.

La declaración más extensa fue la del arquitecto municipal, quien defendió haber informado sobre los daños sufridos por el edificio Escalinata basándose en los datos y consideraciones de las empresas contratistas quienes, relató, contaban con la tecnología y medios necesarios. Pacios negó tener responsabilidad como director de la obra del aparcamiento, alegando que no existe un nombramiento municipal para que ejerciera dichas funciones, ni capacidad para hacer o rebatir los cálculos de las empresas sobre las necesidades de la obra que luego se demostraron erróneos, al producirse varias sacudidas de dos edificios colindantes al aparcamiento provocando los mayores daños al Escalinata. Pese a estas adversidades, la obra continuó su marcha. "No se me podía exigir nada salvo que se me pidiera y nombrara como director de obra", insistió. Aún así, resaltó que no hubiera permitido ningún riesgo y que, quince años después, el edificio Escalinata sigue en pie aunque en ruina económica, que no inminente (lo que hubiera conllevado desalojo).

Pacios sostuvo que la decisión de ampliar en un 60% la capacidad del aparcamiento (de 200 plazas iniciales a 320) no tuvo influencia en los daños porque, alegó, las mediciones y cálculos constructivos se efectuaron sólo una vez, cuando se redactó el proyecto definitivo de obras en el que se contemplaban las 320 plazas. Pacios especificó que el Consistorio sacó el concurso con la previsión de 200 aparcamientos basándose en los suelos municipales que preveía concesionar, si bien la empresa que resultó ganadora (Nautagest) aportó luego una parcela contigua para elevar la capacidad hasta la cifra construida.

Etapa socialista

Tras Pacios y Ortega, declararon Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera, alcalde y concejal de Hacienda por el PSOE en el año 2003, respectivamente. Palacios defendió que las ayudas ofrecidas a los vecinos en agosto de ese año -al poco de relevar en la Alcaldía al andalucista Patricio González- se hicieron con el Ayuntamiento en calidad de "mero intermediario" con Nautagest para ofrecer garantías. Una cuestión "moral", remachó Palacios.

La Fiscalía preguntó a Palacios y Herrera por la negativa municipal a pagar realojos. Palacios sostuvo que de haberse utilizado fondos municipales para paliar acciones de una obra de ejecución privada, hubiera incurrido en malversación. "No fue el caso", zanjó. Herrera agregó que el objetivo del gobierno entrante era "que quien había causado el daño asumiera y pagara todos los costes" sin que ordenara pago alguno sin contar con informes favorables y sin voluntad de favorecer a Nautagest.

Palacios ordenó a la comunidad de propietarios del Escalinata por decreto de Alcaldía (en julio de 2004) hacer obras de conservación, lo que fue interpretado por los querellantes como un intento de atribuirles responsabilidad en los daños (y prevaricación). Palacios lo negó y ciñó esta petición a cuestiones de ornato y conservación pero no de tipo estructural.

El juicio continuará hoy con la declaración de varios testigos mientras que el jueves será el turno de los informes periciales. El viernes está previsto que se planteen las conclusiones y el proceso quede visto para sentencia.