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Sanlúcar

IU denuncia el corte de luz a 27 familias okupas de una corrala

  • Acusa al Gobierno local de "permitir" esta medida que afecta a vecinos con menores que residen en la calle Alcoba desde 2014

Iu ha denunciado públicamente que 27 familias okupas de la corrala situada en la calle Alcoba se han quedado sin suministro eléctrico, destacando que tienen "varios menores de edad" y se encuentran "en exclusión social".

Según ha explicado la coalición izquierdista, el pasado jueves operarios de la compañía responsable del servicio, acompañados por funcionarios de la Policía Nacional, cortaron la luz en el edificio donde viven tales familias desde 2014. IU ha criticado particularmente al concejal delegado de Infraestructuras, el socialista Rafael Louzao, por no mediar entre el Consistorio y la empresa para "buscar una solución con el objetivo de mantener este suministro de primera necesidad" para estas familias.

La formación izquierdista acusa al Gobierno local del PSOE de "permitir" esta medida, asegurando que "está prohibido cortar el suministro eléctrico a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social". Igualmente, arguye que "la asunción parcial del coste que pueda derivarse del suministro a este colectivo vulnerable se configura como una obligación de servicio público, lo que supone que tendrá aportaciones de las compañías eléctricas con carácter parcial o de cofinanciación, complementando así las que realizan las administraciones".

IU reclama que el Cabildo "atienda y proteja" a estas familias que "se han visto abocadas a ocupar una vivienda por la crisis, ya que el PSOE de Sanlúcar no ha construido ninguna vivienda social en los diez años que lleva gobernando en la ciudad". En palabras de la portavoz izquierdista, Carmen Álvarez, "es el Ayuntamiento el que debe garantizar que ningún sanluqueño pase frío en este invierno y que tenga un techo donde dormir".

En términos generales, IU plantea que el Consistorio adopte "medidas preventivas para evitar futuros cortes de luz a ciudadanos en riesgo de exclusión social", además de ejecutar el acuerdo del Pleno municipal destinado a "garantizar las ayudas contra la pobreza energética, incluyendo también la protección en los suministros de gas y agua para familias con pocos ingresos, especialmente si hay menores, dependientes, enfermos crónicos o procesos de desahucio".

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