La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz denegó ayer la petición de nulidad de las escuchas telefónicas solicitada por las defensas de los cinco integrantes de una red dedicada al narcotráfico a través de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, para quienes la Fiscalía solicita penas de 39 años y medio de prisión en total.

Durante el juicio, la defensa alegó la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones de sus representados para declarar nulas las escuchas telefónicas, siendo denegada por la Sala, que consideró que sus derechos fundamentales no habían sido vulnerados. En este sentido, la defensa basó sus argumentos en la intervención de la Policía en las escuchas telefónicas a los procesados al considerar que se realizaron de forma ilícita y por ello solicitó que se declaran nulas.

El juicio se reanudará en la mañana de hoy después de la toma de declaración de los cinco imputados. La Fiscalía pide un total de 20 años de prisión, así como una multa de 25 millones de euros para el cabecilla de la organización, al que se le imputa un delito contra la salud pública con el agravante de notoria importancia.

Además, solicita penas de once años de prisión y multa de 16 millones de euros para otros tres integrantes y nueve años y diez millones para un quinto acusado por delitos contra la salud pública.

Las detenciones de los imputados se produjeron en julio de 2004, después de que la Policía iniciara una investigación a principios de ese año tras detectar la organización que introducía tanto hachís como cocaína desde Marruecos a través de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar.

Además, la Policía detectó que el jefe de la organización supervisaba personalmente todas las operaciones, dirigía a personas de su confianza y aportaba la infraestructura necesaria para el éxito de las distintas operaciones que llevaban a cabo.

Finalmente, tras varios intentos fallidos de introducir droga desde Marruecos en las costas españolas, un cargamento de hachís y cocaína fueron interceptados el pasado 27 de julio de 2004 en la playa Las Tres Piedras, perteneciente al litoral de Chipiona, gracias a la rápida intervención de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera que detuvieron a varios imputados.