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Denuncian el veto a proyectos sostenibles en pequeñas fincas de Los Alcornocales

  • El parque natural rechaza 'La isleta de las aves', un centro de observación ornitológico, por carecer el terreno de las 50 hectáreas que exigen los planes de uso y gestión

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Si el pasado otoño fueron los alcaldes de los municipios que integran el Parque Natural de Los Alcornocales los que se quejaban de la "asfixia" económica que "impone" la legislación vigente en el espacio protegido, ahora comienzan a hacerlo públicamente los propietarios de pequeñas fincas que pretenden poner en marcha proyectos de desarrollo sostenible.

Uno de esos emprendedores rurales es Javier Gómez Garcimartín, un ingeniero de montes y técnico forestal, apasionado por las aves y propietario de una finca de unas nueve hectáreas de superficie en la cola del embalse del Barbate. Se trata, según relata él mismo y quienes conocen aquellas tierras, de una finca de bosque mediterráneo muy bien conservado, al filo del pantano, camino de Benalup-Casas Viejas, que constituye un enclave privilegiado para la observación ornitológica. Sobre todo de anátidas y de otras especies como la cigüeña, el águila calzada y el halcón abejero, por su condición de descansadero en la ruta migratoria de ida y vuelta a África por el Estrecho de Gibraltar.

Según relata el propio Javier Gómez a este periódico, el fallido proyecto de La isleta de las aves consistía en "una casa de turismo rural compatible con la conservación del ecosistema y con los usos científicos, enfocado al turismo ornitológico británico de calidad. Sólo la Real Sociedad de Ornitología tiene un millón de socios. La idea tuvo muy buena acogida en la junta rectora del parque natural, porque se trata de un proyecto respetuoso con el medio, que pone en valor sus recursos naturales y que, además, es un negocio rentable. Pero como no soy rico y no dispongo de al menos 50 hectáreas, no me dejan ponerlo en marcha".

Javier Gómez lamenta que este "veto" a oportunidades de desarrollo sostenible en función de la superficies de las fincas sólo se impone en la provincia de Cádiz en Los Alcornocales y el Parque Natural Sierra de Grazalema, "con la diferencia de que en este último espacio natural bastan seis hectáreas para que se autorice el arranque de una actividad de este tipo". De hecho, asegura el ingeniero de montes que existen fincas, "en los términos municipales de El Bosque y Ubrique, que están a caballo de un parque y otro, donde sí se permiten". El frustrado impulsor de La Isleta de las aves ha conseguido casi un millar de firmas de apoyo y ha dirigido escritos de queja a diversas instancias.

"El lugar lo tiene todo: es un entorno natural que reúne unas condiciones excepcionales para el avistamiento de aves porque en él no se caza, no se pastorea y no se recoge ni el corcho", insiste Javier Gómez. "¿Qué me mueve a esto? que quienes sean competentes se den cuenta de que la legislación debe cambiar en beneficio de la población que habita en el parque y de la propia conservación de sus recursos naturales", añade.

En defensa de este proyecto y similares y de una modificación en los planes de ordenación y de uso y gestión que los permita se manifiesta Francisco Blanco, en su calidad de alcalaíno y miembro de la Asociación Amigos del Parque Natural de Los Alcornocales. "Se ha ligado la posibilidad de construir, de rehabilitar y de recuperar edificios rurales tradicionales ya existentes a la superficie de las fincas y eso no permite en la mayoría de los casos la explotación racional de los recursos primarios". Y pone como ejemplo la producción de leche de cabra, hoy en alza, por la recuperación y creciente comercialización de los quesos artesanales. "En Los Alcornocales no se puede levantar, por ejemplo, una nave de 700 metros cuadrados donde estabular a los animales si no dispones de 20 hectáreas de finca y mucho menos rehabilitar uno de esos molinos que se caen a pedazos en muchos lugares del parque", añade.

La luz verde a este tipo de iniciativas sostenibles estaría en la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), una demanda que elevaron varios de los alcaldes del parque a la Junta de Andalucía y que respalda, aunque con matices, Ecologistas en Acción.

En octubre pasado, Juan Clavero, en declaraciones a este periódico, reconocía que "la Junta de Andalucía es muy estricta con los pequeños propietarios que viven dentro del parque pero, por el contrario, es muy magnánima con los grandes terratenientes".

Clavero se mostró entonces partidario de que se modifique el PORN y el PRUG en aquellos casos en los que, con razones justificadas, los pequeños propietarios tengan la necesidad de reformas en sus viviendas. El líder ecologista lamentó que "se estén cayendo casas, cortijos, ranchos o molinos" mientras se asiste al "apoyo decidido de la Junta a proyectos hoteleros como los previstos en Los Barrios o en el Monasterio del Cuervo o al visto bueno que se ha dado a la recalificación en Prado del Rey de más de medio millón de metros cuadrados para construir viviendas y hasta un centro comercial dentro del parque".

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