Sanlúcar

Las Corralas de la Dignidad, de nuevo en los juzgados

  • 18 personas, entre ellas dos cargos de Podemos, comparecen como investigados por ocupar la Biblioteca en marzo de 2017

Ayer comparecieron en los juzgados nueve investigados y el próximo martes lo harán los otros nueve. Ayer comparecieron en los juzgados nueve investigados y el próximo martes lo harán los otros nueve.

Ayer comparecieron en los juzgados nueve investigados y el próximo martes lo harán los otros nueve.

El coordinador provincial de Podemos, José Ignacio García; el secretario local de esta formación política, José Luna; y otras siete personas declararon ayer en los juzgados de Sanlúcar tras ser citados como investigados por lo ocurrido en marzo del año pasado en la Biblioteca Municipal en el transcurso de una protesta de las Corralas de la Dignidad, la plataforma que aglutina a buena parte de las familias okupas de la ciudad.

A estas comparecencias se sumarán las de otros nueve investigados el próximo martes. Por tal motivo, más de media docena de organizaciones -entre ellas, Podemos, IU y el SAT- han convocado sendas concentraciones de protesta junto a los juzgados durante las declaraciones.

"Las Corralas de la Dignidad han ocupado ocasionalmente viviendas propiedad siempre de los bancos. Hace un año, con motivo de un desahucio que sufrieron once familias, entraron en la Biblioteca Municipal de forma cívica y colgaron unas pancartas en el balcón que da a la Plaza del Cabildo", explicaron.

Estos colectivos denunciaron "la represión de la protesta social por parte del Ayuntamiento", exigiendo al Gobierno local del PSOE la "inmediata retirada de la acusación particular". También criticaron "la falta de políticas sociales del equipo de Gobierno ante el grave problema de vivienda que existe en Sanlúcar".

A su salida de los juzgados, el coordinador provincial de Podemos dijo confiar en que "impere el sentido común que no tiene el Ayuntamiento de Sanlúcar, que se dedica a perseguir a quienes luchan por una vivienda digna". A este respecto, censuró al Gobierno municipal por "destinar recursos públicos a poner denuncias contra las personas que protestan, en vez de destinarlos a buscar alternativas habitacionales". García calificó de "totalmente absurdo" que el Consistorio les acuse de "un delito de desorden público", porque "ni siquiera se alteró el normal funcionamiento de la Biblioteca".

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