El río andaluz no es sólo andaluz

ESCUCHÉ varias veces al entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, rechazar la reivindicación del traspaso a esta comunidad autónoma de las competencias sobre el Guadalquivir. Su argumento era que la Constitución lo impedía, por tratarse de un río que discurre por varias autonomías, lo que obligaba a su control por el Estado.

Eso pasó en los años noventa del siglo pasado. Cuando se acometió la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz, en un contexto de exaltación autonomista y con el elevado listón que había puesto el nuevo Estatuto catalán, la perspectiva cambió. El propio Chaves, que también ejercía la presidencia federal del PSOE, encabezó la demanda de competencia exclusiva de la Junta. Y así quedó consagrado por el Parlamento andaluz y el Congreso y ratificado por los andaluces, en febrero de 2007, en un referéndum de escasa participación.

Ningún andaluz puede negar que el Guadalquivir es el gran río de Andalucía, el eje que la vertebra e identifica. Hasta en el nombre lo es (Río Grande en árabe). En su cuenca viven más de la mitad de los andaluces. Pero el territorio de lo simbólico e identitario no tiene por qué coincidir con el de lo político-administrativo. La Constitución de 1978 dejó escrito, en su artículo 149, que el Estado mantiene la competencia exclusiva sobre "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma". Es el que acaba de aplicar el Tribunal Constitucional, dándole la razón al Chaves de los años noventa y quitándosela al de la primera década del siglo XXI.

Al aceptar parcialmente el recurso presentado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto andaluz, los magistrados del TC, unánimes, han dictaminado con pura lógica: el citado artículo 149 de la Constitución se impone al artículo 51 del Estatuto según el cual la comunidad autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas del Guadalquivir "que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad autónoma". Poco importa que a Andalucía le corresponda el 90% de la cuenca y el otro diez por ciento se reparta entre Castilla-La Mancha, Extremadura e incluso Murcia (¡un 0,2%!).

Lo ordena la ley fundamental, la ley de leyes. También lo exige la unidad de cuenca en la gestión del agua, un principio que se practica en nuestro país desde hace más de un siglo y que la Directiva Marco del Agua de la UE incorporó como el mejor modelo a implantar en los Estados miembros. Lo demandaron en su día expertos y agricultores, ingenieros y ecologistas... y la ministra Cristina Narbona, la última que se opuso a la Junta. El TC los ha avalado ahora.