Una polémica fianza para Roca

EL Ayuntamiento de Marbella presentará formalmente mañana ante la Audiencia Nacional una solicitud para impedir que el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca pueda ser excarcelado, a la vista de los numerosos casos que tiene pendientes. El juez instructor del principal de ellos, el Malaya, reformó la pasada semana el auto que mantenía en prisión a Roca desde hace dos años. El magistrado permite así que el presunto cerebro de la trama delictiva que operó desde el Ayuntamiento de Marbella recupere su libertad, si abona una fianza de un millón de euros, cantidad que, por ahora, no ha logrado reunir. La decisión ha sido rechazada de inmediato tanto por el Consistorio como por la Junta de Andalucía, que considera que la fianza es baja en relación a los delitos que se le imputan. Además, el propio juez admite en su escrito que el riesgo de que el ex gerente de Urbanismo se fugue es "elevado" y le impone varias obligaciones para intentar neutralizar esa posibilidad, como la comparecencia diaria ante un juzgado o la retirada del pasaporte. Es lógico que la resolución judicial genere alarma en la sociedad. El instructor calcula que la fortuna de Roca en España puede alcanzar los 200 millones de euros, sin contar los fondos que tendría a buen recaudo en paraísos fiscales. Desde ese punto de vista, es discutible que sea acertada la cuantía que finalmente el procesado deberá saldar para su excarcelación. Pero no olvidemos que cuando se fija una fianza se persigue que el imputado pueda reunirla y, por tanto, beneficiarse de la medida. Pese a la repugnancia social que suscitan los presuntos delitos cometidos por Roca, la prisión preventiva no es una condena en firme y tendrá que ser la Justicia la que determine con todas las garantías si es o no culpable de los hechos que se le imputan y qué pena merece. Si el juez considera que ya no hay motivos procesales para prorrogar ese castigo excepcional, se ajusta a derecho, aunque sea incomprensible para la ciudadanía. Por ello se hace más necesario culminar la instrucción, fijar una fecha para el juicio y celebrarlo. Y mientras tanto, exigir al Estado que impida a Roca cualquier posibilidad de evadirse de la ley.