
Su propio afán
Enrique García-Máiquez
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La Rayuela
Juanma Moreno avisa. El narco está amenazando y comprando a jueces, policías, guardias civiles y políticos. Sí, políticos, también los metió en el lote. Algo sabrá el presidente andaluz, más allá de la pura figuración de quienes ya empezamos a acostumbrarnos a las cada vez más habituales imágenes de los clanes de la droga actuando a plena vista. El Gobierno lo acusa de alarmismo y de utilizar este asunto para la confrontación política con mensajes propios del discurso de la ultraderecha. Pero en esto coincide el dirigente político con fiscales o jueces, que llevan años dando la voz de alarma.
Muchos se preguntan todos los días cuál es el motivo de que el radicalismo político esté cada vez más extendido y gane adeptos en una sociedad como la nuestra que parecía amoldada a valores democráticos y de cierta moderación. Quizás éste sea un claro ejemplo, porque no querer ver una realidad que los ciudadanos perciben de forma nítida y atribuir su reconocimiento a los postulados ultras puede provocar que la sociedad reconozca más verdad en esos mensajes que en los de su Gobierno. Tachar de facha o ultra todo lo que diverge del discurso oficial es peligroso y puede volverse en contra, porque los problemas reales están ahí y son perceptibles.
Reconocer y valorar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de jueces y fiscales, luchan cada día con enorme esfuerzo contra las mafias de la droga no resta verdad al hecho de que estos delincuentes hayan encontrado en la franja sur de este país un hábitat en el que crecer y hacerse fuertes. Son esos mismos agentes los que se quejan de la falta de medios en relación al creciente poderío de los narcos, con sus planeadoras, sus armas y, sobre todo, su dinero negro, con el que no es tan difícil comprar voluntades.
El presidente andaluz pide al Gobierno que se ponga las “pilas”, que luche contra esta hidra con recursos como los que se utilizan en la lucha antiterrorista para cortarle la cabeza antes de que su fuerza sea más difícil de contrarrestar. Puede haber táctica política, pero si el Gobierno se limita a reaccionar como hasta ahora, hablando de alarmismo infundado con fines de confrontación, las consecuencias serán nefastas para nuestra convivencia y salud democrática.
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