Parias de España

Recuerdo cuando se ofrecían charlas sobre autoempleo en las que desgranaban las innumerables ventajas de trabajar para uno mismo, sin jefes, ni horarios y demás parafernalia motivadora de tres al cuarto. Las impartían funcionarios. Personas que habían decidido optar a la seguridad de un puesto en la función pública y que carecían de cualquier experiencia mercantil. Ajenos completamente al viejo concepto de riesgo y ventura del empresario, sermoneaban a los parados siguiendo el argumentario preparado en el ministerio para convencer a su auditorio de que la panacea para desarrollarse profesionalmente era ser autónomo. Algo que no querían para sí. Curiosamente. El papel lo aguanta todo. Pero el estado hacía eso por el bien del ciudadano. O por el suyo propio: eliminaba parados y recaudaba cuotas a la Seguridad Social.

Ahora igual. Es tanto el amor que el Gobierno profesa a los autónomos que ha decidido aumentar su aportación a la Seguridad Social muy por encima del IPC para que cuando se jubilen tengan mejores pensiones. Que ahora mismo, muchos no lleguen a final de mes, no es relevante. Lo importante es la jubilación. Y, también, que aquí el más tonto hace relojes, recaudar todo lo que se pueda para cubrir los costes de una Seguridad Social que vive de los préstamos que le aporta el estado endeudándose a su vez en los mercados. Una genialidad financiera.

Seamos serios. Ser autónomo no es una vocación. Los niños pueden querer ser médicos, astronautas, futbolistas o toreros, pero no autónomos. A autónomo se llega porque no hay otra vía posible para ejercer una profesión determinada, no existen empresas que asuman los costes laborales y te obligan a ser falso autónomo o la edad te expulsa del mercado laboral. Casi siempre es por necesidad. Rara vez, la razón es tener un proyecto con el que poner los cimientos de una multinacional. Dejémonos de cuentos. Por eso, si este Gobierno quisiera ayudar a los autónomos, la mayoría de los cuales carecen de asalariados, lo tiene muy fácil: transponer la Directiva de la UE 2020/285 que reduce las obligaciones de IVA para quienes facturen por debajo de ochenta y cinco mil euros. Algo que sí ha propuesto el Partido Popular. Directiva, por cierto, que debería estar en vigor desde el pasado 1º de enero y que se aplica en toda la UE excepto en un país. ¿Imaginan cuál es? El que están pensando. El del Gobierno de progreso que dice querer proteger a los autónomos: España.