SE veía venir que el caso de las escuchas en prisión a los imputados del caso Gürtel y sus abogados iba a suponer la condena del juez Baltasar Garzón. No especialmente por la cantidad y calidad de sus enemigos -que son muchos, y algunos, indeseables-, sino porque la posición del magistrado en este sumario era bastante más débil que en los otros dos que se siguen en su contra (víctimas del franquismo y financiación de los cursos en Nueva York).

Ya es incluso indiferente la suerte que corra el magistrado en los otros dos juicios, el celebrado y el inminente, porque la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo ha condenado, por unanimidad de sus siete integrantes, a once años de inhabilitación implica su expulsión de la carrera judicial, a expensas, claro está, de lo que puedan determinar en el futuro el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si recurre a ambas instancias, como ha sugerido su abogado, el gran penalista sevillano Francisco Baena.

Están de enhorabuena, y brindando, todos aquellos que por envidia, celos profesionales, enemistades derivadas de sus relaciones pasadas con Garzón (metan aquí a narcotraficantes, políticos corruptos juzgados o en vías de serlo, terroristas de ETA y sus cómplices y pantallas, ejecutores de la guerra sucia antiterrorista [GAL]...). Personalmente me entristece que termine así la trayectoria de un superjuez que ha perseguido delitos tan execrables y que ha trabajado tanto por causas en las que creo, incluyendo en este último apartado la retención de Pinochet en Reino Unido, que no tuvo el desenlace deseado, pero abrió una vía justiciera contra tiranos de todo tipo.

Pienso sinceramente que los siete magistrados del Supremo que han inhabilitado a Baltasar Garzón no se han dejado llevar por las emociones y los sentimientos contrapuestos que apunto en el párrafo anterior, y que tampoco forman parte de una conjura antigarzoniana. Cada uno de ellos es hijo de su padre y de su madre, de su ideología y de su formación jurídica. Lo que han hecho es considerar los hechos contenidos en la instrucción, las pruebas y testimonios aportados al juicio y el propio desarrollo del mismo y en función de eso han visto todos ellos -insisto en la unanimidad porque aquí resulta importante- que cuando Garzón ordenó la intervención de las conversaciones de los presuntos chorizos de la Gürtel con sus abogados no hizo una interpretación errónea de la ley, sino que cometió un acto arbitrario, vulneró la confidencialidad que es esencial para preservar el derecho de defensa y un proceso justo y, en resumidas cuentas, realizó prácticas propias de regímenes totalitarios e intolerables en democracia.

Dura lex, sed lex, que decían los romanos. También con Garzón.