Lo legal y lo inmoral

ES costumbre que en estas fechas predominen las frases hechas: "Paz a los hombres de buena voluntad", "Próspero Año Nuevo" y otras varias que van desde la cursilería hasta las más cínicas, pero como el relajo se enseñorea durante estos días, no se deben alterar los pulsos a pesar de que el estrés esté más presente que el pavo y los turrones.

Pero, qué quiere. Entre tanta fanfarria no debiera olvidarse que los problemas no reciben sino dilaciones; las soluciones están por venir y el panorama no invita a la indiferencia ciudadana, sino a todo lo contrario. He buscado en el diccionario el significado de inmoralidad, y me encuentro con esto: "Contrario a la moral: se aplica a las acciones en que hay fraude o engaño, en que se negocia o se obtiene lucro de cosas que no son para negociar o en que se falta a los deberes que impone un cargo, así como a las personas que las cometen o son capaces de cometerlas". De lo legal, dice: "Determinado por la ley o conforme a la ley". Paradójicamente ambos términos son perfectamente compatibles, al menos en España. Me explico: Si las leyes las dictan unos señores inmorales, la legalidad, de facto, está impregnada de inmoralidad. ¿O no?

Fíjese en un hecho singular. Ellos dicen que no sólo han de congelarse las pensiones sino que paulatinamente tendrán que reducirse o aumentar los años de cotización. Sin embargo los señores (y señoras) que así lo deciden, tienen la facultad de blindarse las suyas y conseguir una cotización prácticamente simbólica -siete años-, para jubilarse con la pensión máxima, compatible con cualquiera otra actividad. Si, además, por el mero hecho de ir a apretar el botoncito que le indiquen, cobran unos 6.400 euros limpios al mes, de los cuales sólo cotizan por su sueldo base -3.126-, todo lo demás son dietas y complementos de los cuales no le descuentan absolutamente nada.

Para entrar en detalles, la estimación media de cualquier miembro o miembra del parlamento (no lo olvide: donde se dictan las leyes), es la siguiente: Sueldo base 3.126 euros/mes, por 14 pagas, hacen 43.771 euros brutos al año. Ahí tienen una retención del 37 %, como cualquier ciudadano que alcance esa cuantía; es decir, el IRPF se lleva 16.185 euros, lo que resulta limpio 27.576,28 euros anuales. Suma y sigue: por alojamiento y manutención, 14 pagas al año libres de impuestos: 23.360 euros anuales por término medio. Por tarjetas para taxis, también sin impuestos, 3.000 euros. Sigo: por dietas de desplazamiento, también sin impuestos: 7.000 euros, con la particularidad que esta cantidad la perciben teniendo un solo acto semanal; los gastos de transporte van aparte y no están cuantificados.

Entrar en los complementos por cargos parlamentarios y sabiendo que a ellos pertenecen 436 diputados y que existe una escala que va desde los 33 presidentes (1.590 euros al mes) hasta los 200 portavoces de comisión (1.162 euros mensuales) pasando por los 79 portavoces adjuntos, los 62 vicepresidentes (1.162 euros al mes) y los 62 secretarios, pobres, sólo 775 euros hacen un total de 466.189 euros mensuales, dándose la circunstancia de que numerosos diputados (y diputadas) se ocupan en varias comisiones, remunerados en cada una de ellas con las cantidades antedichas.

Así todo. Ellos hacen las leyes, ellos se buscan los momios y cuando hay que hacer recortes, ellos se blindan mientras que suprimen las limosnas de 426 euros a los pobres parados de larga duración. Ítem más: para calcular la pensión media entran los pobres de salario mínimo y ellos. Por eso los 8.982, 38 euros es ficticio y, como todo, una mascarada insoportable.

Y la sociedad, sin distinguir entre lo legal y lo inmoral, siguen votándolos sin romper la baraja.