El exceso de aforados

EL pequeño partido de Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia (UPyD), ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que se debata la supresión de los privilegios de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento de los políticos y cargos públicos. La proposición no de ley nunca llegará probablemente a ser ley, pero su contenido no merece el desdén.

Estos privilegios aparecen históricamente gracias a la búsqueda de la independencia y el equilibrio entre los distintos poderes del sistema democrático. La inviolabilidad asegura que los parlamentarios no serán perseguidos por las opiniones que expresen en el ejercicio de sus funciones; la inmunidad garantiza que los representantes del pueblo no serán procesados sin la autorización previa de la cámara a la que pertenecen; el aforamiento significa que sólo pueden ser encausados por tribunales superiores conocidos de antemano.

Nada que objetar en principio: tales prerrogativas sirven para cimentar la democracia y evitar que los jueces o los gobernantes limiten la libertad de los legisladores. Lo malo, como siempre, es el abuso, la extensión irreflexiva del privilegio. Es lo que ha pasado en España con el aforamiento. Nuestros políticos se han metido a contramano. Conforme se consolidaba su régimen de libertades, los países de nuestro entorno han ido reduciendo el número de sus aforados. En España se ha hecho lo contrario. Mientras más sólida ha ido siendo nuestra democracia, más han engrosado las listas de aforados.

Son diez mil, calculan algunos estudiosos, desde el jefe del Estado hasta el policía autonómico de la más modesta provincia: diputados y senadores, magistrados, parlamentarios y consejeros autonómicos, mandos militares, guardias civiles y jueces... Todos quieren tener, y tienen, su tribunal predeterminado. El caso es que la Constitución reserva estas ventajas a las más altas autoridades del Estado y los legisladores nacionales. De todos los demás no dice nada. Han sido leyes ordinarias las que han generalizado el privilegio.

Con matices, la inviolabilidad y la inmunidad de los ministros, parlamentarios y consejeros deben seguir existiendo. Son garantías de un buen ejercicio democrático. El aforamiento de tanta gente, en cambio, carece de justificación a día de hoy. Ahora bien, ¿qué se apuestan a que los grandes partidos bloquean la iniciativa de Rosa Díez? Al pulpo, ni tocarlo.