EL alcalde tendrá que idear un plan de mayor calado para evitar los desahucios en Cádiz. Podría empezar por formar gobierno cuanto antes y por conocer a fondo su Ayuntamiento para saber cómo se actúa en según qué casos. Como quedó patente el lunes, nadie, ni siquiera quienes están llamados a gobernar los próximos años -los primeros que han de dar ejemplo- escapa al imperio de la Ley, por muy loables que sean sus intenciones. Tanto José María González como sus compañeros de Podemos chocaron de bruces con la realidad porque pecaron de ingenuos, por no decir osados. A la postre, no respondieron a las expectativas que ellos mismos crearon y tuvieron que admitir su desazón al ejecutarse el lanzamiento de una familia en pleno centro, que no pagaba el alquiler desde 2013. Todo intento de mediación de González fue estéril y de nada sirvió a sus concejales oponer resistencia ante los policías. Cualquier técnico municipal habría obtenido los mismos o mejores resultados. La cadena humana en la que participaron, de hecho, fue surrealista y sólo sirvió para retrasar lo inevitable unas horas, a la vez que los arrendadores se preguntan quién defenderá sus intereses ahora. El alcalde, que propuso 'in extremis' pagar una mensualidad de la renta para ganar tiempo, optó por hospedar a la familia en una pensión, que es lo que suele hacer Asuntos Sociales en estos casos. Ahora sólo cabe confiar en que su gobierno -cuando pase de los gestos a los hechos y ocupe el lugar que le corresponde- encuentre la mejor fórmula para evitar imágenes como las del lunes, que atienda a los intereses de los inquilinos y también a los de los legítimos propietarios. Son muchas las administraciones que trabajan con el mismo fin, con mayor o menor acierto, pero siempre planteando soluciones globales. La Junta de Andalucía quiere impulsar una Ley que le permita ejercer el derecho de compra preferente sobre viviendas libres que sean objeto de una ejecución hipotecaria, con el propósito de ampliar el parque público de alquiler social para ayudar a las familias que hayan sido desahuciadas. Otros propuestas en las que ya trabaja pasan por reforzar la vivienda pública para atender temporalmente a familias que se encuentren en situaciones de grave dificultad, y también se ha hablado mucho de promover acuerdos con los bancos y empresas que tienen viviendas vacías en propiedad para ofertarlas en alquiler a precios asequibles. En el sector privado, en la misma línea, son cada vez más numerosas las voces que plantean como la mejor opción para su 'stock' inmobiliario destinarlo al alquiler. Cualquiera de estas propuestas siempre tendrá más posibilidades de arreglar el problema de la vivienda de raíz, frente a las recetas contrarias a la Ley que están condenadas al fracaso, por muy buena voluntad que abanderen.