EN su dilatada instrucción del caso de los ERE fraudulentos y del caso de los cursos de formación pagados con fondos públicos, la juez Mercedes Alaya está encontrando dos obstáculos de gran envergadura: la propia complejidad de los dos sumarios y el hecho incontrovertible de que sus indagaciones cuestionan frontalmente el poder político establecido en Andalucía.

Tiene que sortear, pues, todo tipo de obstáculos y escapar de artimañas y zancadillas de muy diverso origen y contenido. Soy de los convencidos de que en general viene realizando una labor encomiable que, al final, permitirá a los tribunales juzgadores decidir si ha habido delitos y quiénes los han cometido. Sus errores le serán condonados si no vulneran la estricta sujeción a la ley de las instrucciones que dirige.

Ahora, sin embargo, ha tomado una decisión insólita con respecto al funcionario Teodoro Montes, jefe del departamento de Formación Profesional Ocupacional de la Consejería de Empleo, convertido en testigo clave en el sumario sobre el fraude en los cursos de formación. Clave por el puesto que ocupaba en la Administración autonómica y clave porque en una declaración de más de treinta horas, a lo largo de siete días, ha denunciado numerosas y graves irregularidades en el reparto de los fondos destinados a este objetivo y presuntamente desviados hacia empresas del entorno socialista.

El problema es que Montes ha acusado a diestro y siniestro, pero no ha aportado pruebas que sustenten sus acusaciones. Algunas de las entidades que denunció, como la fundación Faisem y el sindicato CCOO, han anunciado querellas contra el funcionario cabreado por falso testimonio o calumnias. Y ahí es donde Mercedes Alaya les ha advertido que podrían incurrir en delito de obstrucción a la Justicia y amenazado con abrirles una causa al respecto. Y la Fiscalía Anticorrupción ha añadido que debe aplicarse a Teodoro Montes la ley de protección de testigos.

Aun siendo profano, me atrevo a preguntar: ¿de qué forma concreta Faisem y CCOO han coaccionado o amenazado a Teodoro Montes y a su familia para que retire sus acusaciones? ¿Tienen que prescindir de su derecho a defenderse si se consideran calumniados? ¿No los están confundiendo la juez y el fiscal con organizaciones mafiosas que agreden y violentan a los testigos cuando su única acción ha sido avisar de que van a querellarse?