Un Gobierno con más peso político

LA presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dio a conocer ayer tarde, a la dirección del PSOE andaluz y a la opinión pública, la composición de su Gobierno, el primero sobre el que decide en exclusiva. Se trata de un equipo de trece consejeros, dos más que hasta ahora, de una media de edad superior al anterior Gabinete, con varias características destacadas. En primer lugar, la presidenta ha rehuido la tradicional consideración de las cuotas territoriales, ya que en el Gobierno figuran cuatro representantes de Sevilla, además de la propia Susana Díaz, dos de Málaga y Granada y uno de cada una de las restantes cinco provincias andaluzas. En segundo lugar, se trata de un equipo de mayor peso político que su antecesor, con la incorporación de dos relevantes gestores independientes, los rectores de las universidades de Málaga y Sevilla, que han sido punta de lanza de la oposición a las reformas educativas del ministro Wert. En tercer lugar, como se venía anunciando, la reordenación de competencias y el nuevo organigrama subrayan la importancia concedida a los departamentos básicos del bienestar y los servicios sociales (Educación y Salud, que serán dirigidos por la rectora malagueña y el hasta ahora viceconsejero de Salud, respectivamente), que quedan despojados de otras competencias con un propósito de exaltación de la importancia estratégica que les concede Díaz. En la misma dirección se enmarca el nombramiento de la citada Aguilar como titular de la Consejería de Cultura. También es relevante la consagración del hombre de confianza de la presidenta, el gaditano Manuel Jiménez Barrios, que ejercía de vicepresidente interino tras el cese de los consejeros de IU y ahora ve ratificada su vicepresidencia y sus labores de dirección y coordinación como consejero de Presidencia, con competencias también sobre Administración Local. Jiménez Barrios deberá, además, actuar próximamente como presidente, cuando Susana Díaz dé a luz a su primer hijo. Junto a él solamente repiten los titulares de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero; Justicia, Emilio de Llera; Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, y Políticas Sociales e Igualdad, María José Sánchez Rubio, que ha perdido las competencias sobre Salud en favor de su número dos. Este Gobierno es el primero del que se puede afirmar que ha sido configurado por la voluntad de la presidenta, sin sumisión a la herencia recibida de sus predecesores y sin ajustarse a criterios de equilibrio partidista. De su gestión depende, pues, enteramente el juicio político sobre la propia Díaz en la complicada legislatura que empieza.