EL Programa Nacional de Reformas presentado por el Gobierno en Bruselas y el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para "garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones", creemos que va a suponer el desmantelamiento de los pilares básicos del sistema sanitario público: El derecho a la salud, la universalidad de la atención sanitaria, la igualdad de acceso a la misma y el carácter solidario y redistributivo de la Sanidad Pública.

Efectivamente, debemos señalar de entrada que el Real Decreto supone un verdadero cambio de modelo de lo que era nuestro sistema de sanidad pública, que pasa de tener un carácter universal a basarse en un sistema retributivo.

Hasta ahora nuestro sistema jurídico reconoce el derecho a la salud como un derecho humano básico, tanto para cada persona como también para el conjunto de la sociedad. Y así queda recogido en el artículo 43 de la Constitución Española que reconoce en su primer apartado "el derecho a la protección a la salud". Un derecho del que no se podía privar a ningún colectivo por "razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales".

Hasta ahora la sanidad se ha venido financiando con los impuestos de los ciudadanos, gracias a lo cual -no sin algunos límites- los que más ganaban contribuían más y los más necesitados de atención la recibían en función de sus necesidades.

Pero con el Decreto en marcha se acaba con el carácter solidario y redistributivo de la sanidad pública, que comienza a definirse en parámetros retributivos, concibiendo la atención sanitaria como una contraprestación a la que sólo van a tener acceso inicialmente aquellos que han cotizado a la Seguridad Social o se han hecho acreedores de alguna prestación en base a anteriores cotizaciones.

De esta manera se pasa de la condición de "ciudadanos", titulares del Derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, a una figura más propia del derecho mercantil, la condición de "asegurados", que son los únicos que tendrán garantizada la asistencia sanitaria en España.

Ello va a afectar de forma discriminatoria especialmente a los colectivos más vulnerables en este contexto de crisis, como son los estudiantes y jóvenes mayores de 26 años (actualmente la tasa de paro juvenil es del 50%) o a personas en situación más precaria que han vivido en la irregularidad laboral o que no han podido trabajar.

Entre los colectivos afectados gravemente se encuentran nuestros nuevos vecinos que por no tener residencia reconocida por el Gobierno, verán cerrado su acceso al sistema sanitario. O mujeres inmigrantes que no podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Creemos que resulta moralmente inaceptable dejar a personas sin asistencia por motivos económicos.

Por otro lado, el Decreto y el Plan fragmentan la asistencia sanitaria que ahora es la misma para todos y para todas las enfermedades en tres tipos diferentes: Prestaciones básicas comunes para todos, prestaciones complementarias a pagar con copagos y prestaciones suplementarias ofertadas por las comunidades autónomas. Esta fragmentación dará origen necesariamente a dos modelos sanitarios (una sanidad para ricos y otra para el resto) en el que la sanidad para pobres será de poca calidad y menos prestaciones. Y por otro lado pretende sin ningún tapujo promover y apoyar desde el Estado el desarrollo de la sanidad privada y de los seguros privados, los cuales conciben la salud no como un derecho, sino como un negocio. Se trata así de una ampliación peligrosa del sistema de conciertos que, casi siempre, se hace en detrimento de la sanidad pública.

Por otra parte, el nuevo sistema introduce barreras económicas en el acceso al mismo de quienes más lo necesitan. Es el caso, absolutamente inmoral, del pago de los medicamentos por los pensionistas (que precisan tres veces más asistencia por motivos de edad y la gran mayoría percibe pensiones muy bajas, el 54% menores de 650 euros/mes); lo mismo que por traslado no urgente en ambulancias, alimentación artificial, prótesis y ortesis, que son necesitados por las personas más enfermas, y discapacitadas, en su mayoría con problemas económicos por motivos de edad, enfermedad o bajas pensiones. Además un grupo de medicamentos se excluirá totalmente de la financiación pública, como se acaba de anunciar. En suma, limita la asistencia a quien más la necesita, al tiempo que eleva la aportación individual en medicamentos en un momento en que cada vez son más los ciudadanos que tienen problemas económicos para llegar a fin de mes.

Pensamos que este conjunto de medidas supone una vulneración flagrante e inaceptable de nuestro ordenamiento jurídico de protección de derechos de las personas amparado en la Constitución e implica una grave vulneración de los derechos humanos. Y ello porque atenta contra uno de los derechos básicos de todos los ciudadanos como es el derecho a la salud en condiciones de equidad y calidad.

Frente a esta política impositiva de graves consecuencias, no queda sino movilizarnos socialmente para reclamar que no se perpetre este grave atentado contra la ciudadanía y contra los derechos humanos básicos de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.