ESTE 10 de diciembre se conmemora el 60 aniversario de la proclamación por la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde 1948 acá es verdad que se han dado pasos muy importantes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Pero, al tiempo, los Derechos Humanos siguen siendo una asignatura pendiente para la mayoría de la humanidad. El hambre y la pobreza en la que vive buena parte del planeta, la persistencia de la pena de muerte, conflictos terribles que desgarran zonas enteras, la crisis climática y ecológica, millones de desplazados y refugiados, inmigrantes en todo el mundo a los que no se reconocen derechos, la persistencia de la discriminación y la violencia a las mujeres, el auge de fundamentalismos… son sólo ejemplos de ello.

La coincidencia de este sesenta aniversario, con una crisis que golpea a todo el sistema económico, lo pone si cabe más en evidencia.

Porque la crisis tiene un origen claro: la rapacidad, la avaricia, la búsqueda de beneficio desmedido por parte de los poderosos del planeta ante la complacencia y la complicidad de gobiernos y Estados. Y, sin embargo, sus consecuencias, las de la crisis, golpearán sobre todo a los más débiles como siempre. Ya se empiezan a levantar las voces que ponen en duda que en este contexto de crisis sea oportuno continuar con la ayuda al desarrollo, la lucha contra el hambre o contra el cambio climático.

Una asignatura pendiente, la de los derechos humanos, que también lo es en nuestra provincia. Sin llegar a las situaciones que tienen que vivir centenares de millones de personas en el mundo, lo cierto es que la desigualdad y la vulneración de los derechos humanos en nuestra tierra es un hecho.

En los informes presentados estos días por la APDHA se desvelan realidades que son ciertamente intolerables en una sociedad democrática.

El crecimiento económico de los últimos años no ha tenido en nuestra provincia el mismo impacto que en otras provincias andaluzas, manteniendo un diferencial de convergencia que la crisis ha vuelto a profundizar y que se refleja particularmente en los índices de paro, pobreza y exclusión.

Lo más grave es que esta situación se eterniza y se ha convertido en estructural. Los datos son alarmantes: Un 20% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza en relación a Andalucía y más de un 30% está por debajo de ese umbral en relación a España. De ellas nada menos que el 52% se encuentra en situación de grave vulnerabilidad, es decir, un 9,29% de la población.

Los datos que planteamos en esos informes confirman que la vulnerabilidad social y la exclusión, que afecta a más de 110.000 personas, es uno de los más graves problemas de la provincia de Cádiz.

Y, sin embargo, se trata de una realidad oculta y ocultada. Una realidad apenas mencionada, no reconocida y menos tenida en cuenta a la hora de elaborar o diseñar las políticas socio-económicas que se desarrollan en esta provincia. Y, por tanto, ausentes las propuestas políticas que inspirasen medidas concretas para superarla.

Otro debiera ser el rumbo. Pocas cosas buenas anuncia una crisis como la que vivimos. Pero si algo positivo pudiera sacarse de la misma es la de la oportunidad. Oportunidad para cambiar de paradigma, por decirlo en palabras de Frei Betto: “Menos consumismo y más modestia en el estilo de vida; menos competitividad y más solidaridad entre personas y tareas; menos obsesión por el dinero y más por la calidad de vida”. Si algo bueno pudiera deducirse de la crisis es precisamente la oportunidad de empezar a caminar en el horizonte de que verdaderamente los derechos humanos dejen de ser esa asignatura pendiente de la humanidad.