Cambalache

LA sanción al juez Rafael Tirado ha entrado en la fase de cambalache, que es un estadio intermedio entre la inicial o de transigencia y la definitiva o de tolerancia media. En el regateo del castigo, que oscila entre los tres años de suspensión solicitados por el fiscal y la ya famosa (y desconcertante) multa de 1.500 euros que impuso en su momento el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya se han logrado ciertos avances y se ha conseguido fijar la franja de la nueva sanción, que oscilará entre los cinco meses que aceptan a regañadientes los magistrados más conservadores y el año que reclaman los progresistas. Pese a este acercamiento, el acuerdo que deberá adoptar el pleno el próximo 17 de diciembre no será fácil, pues un castigo superior a seis meses obligaría a Tirado a cambiar de destino, y los magistrados renuentes no están dispuestos a llegar tan lejos con el correctivo.

No creo que alguien, a estas alturas, preste crédito a la decisión que adopte sobre el juez del caso del juez Tirado el CGPJ. A lo sumo, como se suele decir, se respetará. La resolución, sea cual sea, está tan viciada en origen por compromisos de toda índole, y judicialmente tan sobada, que carece de la espontaneidad y la contundencia necesarias para convencer a cualquiera de su equidad (aunque fuera una equidad aparente). Los intereses políticos y corporativos que condicionan en este caso la decisión del Consejo son de tal magnitud que, por más ajustada que fuera a derecho la sanción definitiva, siempre será sospechosa y carecerá de fiabilidad y transparencia.

El pacto por la justicia, ensayado a medias por el PSOE y el PP, tenía como meta acabar con el desprestigio de los principales órganos del poder judicial: el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la primera decisión controvertida que tendrá que adoptar el renovado CGPJ pone en evidencia, una vez más, la preponderancia de las razones políticas y gremiales sobre las estrictamente legales. ¿Cómo es posible que todo un CGPJ se atasque o contradiga de manera tan flagrante ante una simple resolución disciplinaria? ¿Cómo se puede alargar la duda hasta el extremo de convertir en un dilema de Estado si un magistrado incurrió en una falta grave o muy grave? Respuesta: porque la corrección al juez ha traspasado lo meramente doméstico y se ha transformado en una cuestión de honor o deshonor. Y esta circunstancia supone una lamentable pérdida de papeles.

Ya da igual, como hemos escrito más arriba, cuál sea la resolución final, pues no convencerá. Cinco meses de suspensión constituirán una nonada, y un año convertirá el caso Tirado, según los magistrados conservadores, en eso que, metafóricamente, se denomina cabeza de turco: un ente sin pies y sin cabeza.