Las Calandrias

EN mi anterior alambique destilé a gusto contra las calañas que al comienzo del mes impidieron la recogida de basuras en esta ciudad, y señalé como único culpable a la UTE Sufi-Verinsur.

El asunto me mueve por los riesgos y costes que supone para la ciudadanía y el tejido empresarial, por el descerebrado precedente que implica ver a una empresa concesionaria de un servicio público poner en jaque a un gobierno local, y por los chirriantes comunicados de la UTE a los medios.

En 1997 el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía acordaron la construcción del centro integral de tratamiento de residuos Las Calandrias, uno puso el suelo y la otra casi 18 millones de euros para su construcción. Por ende el Ayuntamiento de Jerez obtuvo la propiedad de Las Calandrias y delegó la gestión a la empresa municipal Ajemsa. Un año antes se creó la empresa privada Verinsur, y para la ocasión conforma una UTE con Sufi, sociedad filial del grupo presidido por Florentino Pérez. Ganan hasta el 2023 la concesión administrativa para la explotación de Las Calandrias, un servicio público. Las condiciones fueron muy ventajosas, porque Ajemsa se obligó a compensar económicamente a Sufi-Verinsur por el desequilibrio de explotación, y estimaron en 25 los municipios que verterían sus residuos en Las Calandrias. Al ser pocas las localidades que vierten en Las Calandrias, Ajemsa viene pagando el desequilibrio, y adeuda casi 5 millones de euros a la UTE, y el Ayuntamiento de Jerez ni se sabe. Hasta aquí todo resulta surrealista, pero supongo que legal. Hemos pagado entre todos la construcción de Las Calandrias, cedida su privada explotación, y compensadas las perdidas a partir de generosas estimaciones incumplidas. La ciudadanía se entera de lo que le da la gana, las mismas ganas que ponen los políticos en que aflore la verdad.

Mientras Verinsur se jacta en público de facturar 70 millones de euros en los últimos 6 años, de sus beneficios del 39,25% antes de impuestos, y de sus 13,5 millones de euros de beneficios netos, el 20% de facturación y el 50% sobre beneficios.

Aún habrá quien acuse al Ayuntamiento de El Puerto.