El tontómetro

Dicen que el Tribunal Supremo adelantó el veredicto contra el Fiscal General del Estado, alcanzado tras su deliberación y posterior votación, para evitar filtraciones del mismo. Vaya carambola surrealista, la del filtrador filtrado. Pero tiene su lógica. Nuestro TS está compuesto por algunos de los principales juristas de esta generación, gente brillante y ecuánime que crea jurisprudencia. Algunos de sus componentes -Marchena, Del Moral- son admirados por muchos de sus compañeros de profesión, así como otros juristas de reconocido prestigio. Pero, claro, al mismo tiempo -o quizás precisamente por eso- no tienen un pelo de tontos.

Los hechos transcurren más o menos así: Tras la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se produce la filtración de un correo electrónico confidencial entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal encargado de las conformidades del tribunal que juzga su caso. En dicho mail, el abogado reconoce expresamente la culpabilidad de su defendido. Llevado a la prensa y a la Asamblea de Madrid, es utilizado como arma arrojadiza contra Ayuso y contra el propio Partido Popular.

El problema es que ese correo electrónico está sujeto al secreto profesional y, además, que la Fiscalía debe guardar ese deber como defensor a ultranza de la legalidad. Ello ha provocado un grave cisma que ha acabado condenando al Fiscal General del Estado, quien, según ha adelantado el Supremo, es el autor del hecho delictivo de la filtración y la revelación del secreto.

Ahora bien, ¿por qué se adelanta el fallo sin esperar a la sentencia? Como he dicho antes, para evitar filtraciones, ni más ni menos. ¿De quién? De alguien del propio entorno del Tribunal Supremo, afín o no al gobierno. Esa revelación del fallo a la prensa sería sumamente perjudicial para la imagen ya de por sí deteriorada de la justicia española; más aún después de las pontificaciones de Pedro Sánchez en mitad del juicio, o los comentarios reprochables de ministros y periodistas afines al régimen, que intentan imponer el relato de que se ha producido un "golpe de estado judicial" o de que se ha condenado a Álvaro García Ortiz "sin pruebas".

Esto es un absurdo y, como tal, resulta difícil desmentirlo porque uno puede convencer a una persona inteligente, pero no a un tonto, y el adelanto del veredicto del Tribunal Supremo es un detector de tontos de máxima calidad. La jauría se ha arrojado contra los magistrados sin esperar siquiera a que el ponente redacte la sentencia y pueda ser leída y analizada, sin comprobar las valoraciones y fundamentaciones jurídicas, sin descubrir la relación de hechos probados que ha hecho que el tribunal considere destruida la presunción de inocencia del Fiscal General del Estado para condenarlo a dos años de inhabilitación, y que probablemente sea sustituido por la propia fiscal que lo "defendió" en el juicio.

El español de pro, parafraseando a Antonio Machado, primero embiste y luego pregunta, Eso es lo que ha ocurrido aquí: los socialistas acérrimos, los ácratas y odiadores profesionales, han atacado inmediatamente al tribunal y sus miembros, aludiendo a que la justicia está corrupta y que la condena es ilícita. A esto ayudan también, con argumentaciones incendiarias, juristas apartados de la carrera judicial por delinquir o jubilados de rosa y carnet. Todos ellos han saltado como liebres, verificando la calidad del tontómetro.