El problema de la vivienda en Cádiz: Hacia un modelo sin consenso

El escenario requiere imaginación, valentía, decisión. La falta de vivienda es tan acuciante en Cádiz que con lo planificado en el documento urbanístico de hace más de una década (que en gran medida es herencia del anterior PGOU de 1995) no basta, no sirve, se ha quedado atrasado. La situación exige nuevas actuaciones, decisiones y medidas que permitan en un término municipal tan limitado sacar nuevas viviendas de donde sea posible. Y eso traducido al terreno político de los últimos tiempos da como resultado mucho ruido, constantes discusiones y una falta de acuerdo casi absoluta entre unos y otros.

El tablero ha empezado a moverse para proteger y potenciar la vivienda. No sólo se ha reactivado la construcción (a un ritmo posiblemente más lento del esperado, con las obras de las primeras viviendas de la era Bruno García recién iniciadas, cuando ya ha pasado el ecuador del mandato del actual alcalde, quien a los 100 días de gobierno había anunciado ya la construcción de 106 pisos, los mismos que sigue mencionando hoy en día) sino que ha empezado a modificarse el actual PGOU (o se ha seguido cambiando, que ya el anterior gobierno tramitó en 2022 la primera limitación a las viviendas turísticas que ahora se ha ampliado) y se han avanzado ideas o medidas que se quieren poner en marcha en el futuro reciente de la ciudad.

Es en todo esto, en las modificaciones del plan urbanístico y en las nuevas medidas indicadas desde el gobierno municipal, donde las distintas formaciones políticas no se ponen de acuerdo la mayoría de las veces.

Así está ocurriendo, por ejemplo, con los cambios de PGOU ya iniciados tras los últimos plenos municipales. Tanto PSOE como AIG -y dentro de esta formación, especialmente IU- han mostrado sus dudas o se han manifestado directamente en contra de algunas de las acciones que desde el PP se consideran positivas para favorecer la ampliación del suelo residencial de la ciudad. Así ocurre, por ejemplo, con la medida de reducir los ejes comerciales para posibilitar que los locales de planta baja hacia la calle puedan convertirse en viviendas en un buen número de calles donde hasta ahora no estaba permitido; algo que desde el gobierno local se considera positivo para ampliar el número de viviendas mientras que IU lo rechaza de plano hablando de especulación y de infravivienda. O con la limitación absoluta a la implantación de nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la ciudad, que se queda corta para la izquierda, que reclama ahora un proceso de reversión de licencias ya concedidas con anterioridad.

También ha ocurrido con las limitaciones a la expansión hotelera. El gobierno municipal ha tramitado que salvo en las fincas de grado 0 ya no se puede transformar una finca residencial en hotel o apartamentos turísticos; pero el PSOE plantea ahora ir más allá y cambiar el uso de diversos suelos reservados a hoteles en la ciudad para convertirlos en residencial y levantar allí nuevas viviendas.

Es decir, no sólo proteger las fincas residenciales actualmente en pie, o los solares reservados a uso residencial; sino frenar la construcción de futuros hoteles en suelos a ello destinados para hacer en su lugar viviendas.

La falta de acuerdo se ha plasmado en situaciones muy concretas. Quizá el ejemplo más claro es Náutica, donde la oposición municipal rechazó en primer lugar que se hicieran viviendas allí al considerar el emplazamiento poco provechoso para destinarlo a viviendas, y luego han aceptado ese uso residencial siempre y cuando sea de viviendas protegidas y/o sociales, sin dar entrada al mercado privado como parece que pretenden Junta y Ayuntamiento. También puede valer aquí el ejemplo de los colegios Guerra Jiménez o Adolfo de Castro, para los que el alcalde plantea permitir la construcción de viviendas (una vez finalizada la actividad educativa) con el rechazo de la oposición.

El Ayuntamiento actualmente favorece las promociones de viviendas en finca, y la oposición (sobre todo AIG) reclama que todo sea en alquiler social; el PP promueve desde la Junta la participación del sector privado para sacar adelante promociones de viviendas con precios limitados (como en el solar de Puntales donde se van a construir 202 viviendas), y el PSOE lo rechaza exigiendo que todas las viviendas sean de titularidad pública y carácter social (aunque esta premisa la acompaña de una excepción, la de la operación de Navalips que lidera la Zona Franca).

A todo esto habría que unir aquellos cambios de opinión que cuando menos sorprenden de determinados partidos políticos. Es el caso del PP municipal, que hasta hace dos años en la oposición negaba o rechazaba una realidad que ahora abraza y pretende liderar (como la de la creciente actividad turística en suelo residencial).

De este modo, las distintas visiones políticas de una misma realidad, y el eterno enfrentamiento entre gobierno y oposición, impiden a día de hoy marcar un rumbo claro en materia de vivienda en una ciudad donde la necesidad que impera en el resto del país se convierte en extrema. Varias son las propuestas realizadas o los guantes lanzados para algún acuerdo municipal (un frente común, que gusta decir al político) en esta materia; pero ninguno ha prosperado realmente hasta la fecha. Y el tiempo sigue corriendo en contra.