Lawfare judicial

No sé tanto como quisiera saber, pero algo entiendo del tema. Uno lleva ya casi 25 años dando tumbos por los juzgados y, aunque sean de pueblo normalmente, también ha hollado las plazas capitalinas de toda España, y sabe de qué pie cojea el gato con toga, que no con botas. Los juristas conocemos los fallos (en ambos sentidos) y también las soluciones, aunque no remediamos nada. Dentro del triunvirato -Educación, Sanidad, Justicia- la última es la que menos importa, la que menos fondos percibe y la que menos se cimbrea.

Hace no mucho se usaba esa fórmula estúpida del "respeto pero no comparto esta resolución judicial", como si al que ha dictado la sentencia le importara tres cojones la opinión de un politicucho cualquiera sujeto a procesos de reelección y que hoy está aquí y mañana es ceniza, orgánicamente hablando. Se ha pasado de las querellas catalanas a los catalanes querellados, y de los jueces y fiscales nombrados ministros de justicia y el debate sobre las puertas giratorias a la acusación directa e indolente de que existen jueces y fiscales a sueldo del partido contrario.

Y sin gustarme la idea, estoy convencido de que es verdad. Que hay señorías que poseen motivaciones distintas de las que deben tener -el imperio de la ley y todo eso- y que disfrutan de palcos en estadios de fútbol, coqueteos y croqueteos varios, promesas de ascensos o inyecciones económicas, y que sacan en libertad sin fianza a los nuestros y hacen pasar por un quinario a los otros. Pero también recuerdo ese porcentaje del 0'00000003% (no sé si me han faltado ceros) de las denuncias falsas por violencia de género y me pregunto si no habrá un mismo porcentaje de jueces y fiscales de partido, de corruptos que se valen del lawfare judicial para dañar al rival.

Por otro lado, están las pruebas, claro. Y el sentido común. Si un juez instructor ve indicios tiene que actuar, es su puto trabajo, y lo hace bien, casi siempre. Porque uno ve a supuestos jueces "comprados" cuyas resoluciones son sorprendentemente recurridas por abogados del Estado y fiscales y se pregunta a cuánto está el kilo de jurista. En mis casi 25 años de ejercicio como abogado y más de seis mil expedientes abiertos una única vez vi que la fiscalía recurriera la declaración como investigado de alguien tras la admisión de la denuncia. ¿Casualidades? Será que los abogados de boina y rabillo vemos poca sala, y menos moqueta.

En resumen, por si no se me ha entendido: es posible que haya jueces a sueldo de partidos, igual que también lo es que haya fiscales que acusan o miran para otro lado, aunque son los menos. El ataque que el poder político está acometiendo contra jueces y tribunales responde a muchos factores pero, desde luego, a los que más perjudica -aparte de a los profesionales- es a los ciudadanos, auténticas víctimas del lawfare judicial. Por otro lado, nos encontramos ahora con otro tipo de ataque a los togados, uno más chusco: el acoso y derribo (el neologismo es "cancelación") en RRSS. Se localiza a un jurista no-afín (léase, independiente) y se le mandan las hordas zombis a machacarlo de todos los modos posibles, buscando el cierre de sus cuentas. Recientemente se han visto tres casos: Teo Juez, LadyCrocs y, anteayer, MagistraThor. Esa maravilla que es la labor docente que muchos jueces ejercen en sus RRSS molesta y mucho a los que se valen de discursos sesgados y titulares clickbait antijudiciales.