La huelga de jueces y fiscales

Una manifestación de centenares, miles, de jueces y fiscales a las puertas del Tribunal Supremo, portando carteles en inglés que claman a la UE por preservar el Estado de Derecho, no es poca cosa. Tampoco lo es que se pongan en huelga del 1 al 3 de julio. Ese parón supone un nuevo retraso de la administración de justicia que sufre, cómo no, el ciudadano. Pero, en realidad, la huelga trata de buscar el bien del justiciable. Me explico.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, está intentado aprobar a la mayor velocidad posible una serie de medidas y modificaciones legislativas que, dice, mejorarán la salud de los tribunales. Nada más lejos de la realidad. El próximo martes se supone que comienza la nueva organización de la planta judicial, por la cual tendremos Tribunales de Instancia y desaparecerán los juzgados de primera instancia e instrucción. Nadie sabe cómo va a funcionar eso, cómo se repartirá el trabajo, ni cómo se pagará, pero los carteles se ponen y se quitan en esos mismos juzgados cada pocos meses. Lo mismo hay un negociete ahí.

Los jueces y fiscales están incómodos, claro está. Se les lleva atacando varios años ya con lo del "lawfare" y sienten que se intenta que la instrucción de las causas penales que afectan a políticos se ralentice todo lo posible y más. Lo cierto es que tras despenalizar o bajar penas de aquellos tipos penales que no interesaban al gobierno progresista, se indulta y amnistía por encima de sus posibilidades, y como no es suficiente, el siguiente paso es entrar directamente en aumentar el número de juristas "amigos". Una selección de jueces y fiscales que no sean de carrera, con un examen práctico que puede dar lugar a fraudes, redunda en una justicia de peor calidad. Y una instrucción penal que se otorgue a esos mismos fiscales, que pudieran ser elegidos a dedo por sus afinidades ideológicas, y que dependa del principio de jerarquía a las órdenes de un Fiscal General del Estado imputado y no dimitido, como mínimo dejan en mal lugar a multitud de esforzados y honrados representantes del Ministerio Público.

El "lawfare" es el que hace el gobierno de Sánchez, con Bolaños a la cabeza, a la judicatura. La guerra a los jueces, podríamos decir. Controlados ya el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional -que da incomprensible cobertura a la ley de amnistía- han de ir directamente contra los jueces y fiscales más incómodos, los que acusan a quien no deben, a los que miran más allá de su maravillosa función social. No hay más que ver cómo todas las asociaciones profesionales han secundado la movilización y la huelga, excepto las dos afines al PSOE, o al Gobierno, o a Sánchez, qué se yo, que se han mantenido al margen de la huelga. Mientras, los juristas sanchistas de guardia -el ex juez prevaricador Garzón, el catedrático jubileta Pérez Royo, y demás voces interesadas- dirán que lo que antes era inconstitucional ha pasado ahora a ser lo contrario, que los jueces no pueden hacer huelga y que si la abuela fuma. Pero, como abogado en ejercicio y opinador de opinión, no puedo sino dar las gracias a la judicatura y la fiscalía que tan valientemente se han posicionado públicamente, tratando de visibilizar estos movimientos tan chavistas y predictatoriales que no dejan de intentar aquellos que juraron o prometieron defender la Constitución Española y el estado de Derecho. Los mismos que perjuraron e incumplieron su promesa. Nuestros gobernantes, vamos.