El Pleno está en crisis. Quién lo iba a decir a estas alturas del siglo XXI donde el discurso político se inunda con palabras como participación, consenso o mayoría. Hasta la mañana del último viernes de octubre, el Pleno se entendía en democracia como el principal órgano de deliberación, en este caso del Ayuntamiento; y, por ende, de la ciudad, ya que se entiende que los concejales no son sino la representación elegida por los ciudadanos para defender sus intereses y manifestar sus posiciones u opiniones en las reuniones de la Corporación. Pero estos conceptos saltaron por los aires minutos después de que la oposición en bloque tumbara la intención del gobierno de Kichi de celebrar el Carnaval en junio.

La controvertida medida, acompañada de una pésima gestión en su implantación o anuncio, sobre todo teniendo en cuenta que está tomada por un gobierno en minoría, recibió en el Pleno el único rechazo válido que establece el sistema. Pero el alcalde se saltó el propio Pleno y mientras se debatían otros puntos compareció en una rueda de prensa convocada de urgencia para aclarar que habrá Carnaval en junio diga lo que diga el Pleno. Es decir, que después de hora y pico de debate, antecedido por una reunión de portavoces en la que se acepta la propuesta a Pleno y por el trabajo realizado por el grupo proponente, el alcalde comunica que lo que se acuerda en el Pleno “no es vinculante” ni tiene “carácter ejecutivo”.

Se escuda el equipo de gobierno en que este tipo de propuestas que se abordan en las sesiones de la Corporación Municipal tienen un sentido de instar, de pedir, de exigir; pero nunca de obligar a cumplir el acuerdo. Asegura González que así lo han ratificado los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento y que así lo ha indicado ya en anteriores ocasiones la Secretaría Municipal. Pero si esta posición es correcta, entonces debe haber un error previo en la Secretaría Municipal, en los servicios jurídicos o en quien corresponda por admitir que se debata en el Pleno una propuesta que no conlleva nada, que al parecer nace vacía de efectividad. Una suerte de paripé de la oposición para ir a San Juan de Dios una vez al mes para perder el tiempo.

Hasta el mediodía del viernes el Pleno era la institución que representaba a la ciudadanía y el principal órgano de toma de decisiones en la ciudad. Pero todo ello saltó por los aires cuando minutos después de acordar (por parte de la mayoría del Pleno, lo que debe traducirse en una mayoría de ciudadanos) que el Carnaval se celebre en febrero el alcalde anunció, o confirmó, que se celebrará en junio.

Es lógico, por tanto, que la oposición baje los brazos y deje de realizar el trabajo que hasta el viernes se le consideraba propio, teniendo en cuenta además que en el caso de Cádiz la oposición es mayoría frente al gobierno, aunque sea por un solo concejal. Para qué plantear propuestas y proponer que las decisiones del gobierno se dirijan por un lado o por el otro, si tal y como termine la votación el alcalde va a anunciar que no lo piensan cumplir. Si en la sociedad de la participación, de la democracia, del consenso, la opinión de la mayoría aprobada formalmente en el órgano oportuno no va a servir para nada, mejor hablar de las cabinas de teléfono o del ajedrez. Definitivamente, el Pleno está en crisis.