Si están al tanto de la actualidad, seguramente habrán comentado estos días la polémica sobre la percepción de ayudas destinadas a familias vulnerables por parte de representantes políticos que, claramente, no están en este grupo. Si han dicho “vaya poca vergüenza”, “debería renunciar por ética” o cosas por el estilo, ya les advierto yo que están enfocando mal el asunto.

La poca vergüenza no está en aceptar una subvención a la que se tiene derecho, sino en diseñar mecanismos que lo hacen posible. Hemos sabido de un puñado de casos y nos llevamos las manos a la cabeza, pero no seamos ingenuos: hay muchísimos más que nunca verán la luz, casos de familias con rentas muy por encima de la media que por el mero hecho de cumplir el criterio de número de hijos se beneficia de esta ventaja, y de tantas otras. Simplemente no saldrán a la luz porque no tienen el morbo de ser una figura pública.

Definir como único criterio el número de descendientes responde, entiendo, a dos criterios: la simplicidad del sistema y el fomento de la natalidad. Pero lo cierto es que no funciona. Nadie que dude si tener más hijos por cuestiones económicas se va a animar a dar el paso solo por las ayudas. Sin embargo, quienes no tienen aprietos y se pueden permitir familias más amplias sin tantos miramientos sí que se benefician de un gran alivio por estas reducciones.

Dejar en manos de estas familias la responsabilidad ética de renunciar es un error. A veces es, directamente, imposible: ¿qué van a hacer, mentir en el número de hijos cuando rellenen la matrícula? Por otro, ¿dónde está el límite moral? En fin, yo si veo una oferta de 2x1 en el súper no renuncio a ella, aunque me pueda permitir pagar al precio original; ni pido que me cobren la luz todo el día a precio de las horas punta aunque haya cobrado la paga extra.

A los representantes políticos hay que exigirles decencia, por supuesto, pero sobre todo que aseguren los mecanismos para que el gasto público sirva para estrechar brechas, no para perpetuar privilegios.