Veintitrés inmigrantes subsaharianos que aseguran ser menores de edad se han desplazado este lunes a las puertas de la sede de la Fiscalía de Menores de Cádiz para pedir que se agilicen los trámites y pruebas que confirmen su edad.

Los menores, según ha informado a este medio Juan Molina, presidente de la Asociación Familias Solidarias para el Desarrollo de Chiclana de la Frontera (AFASODE), llegaron a España desde Canarias, trece de ellos hace cinco meses y los otros diez hace dos.

Desde allí fueron trasladados al complejo Campano, unas instalaciones ubicadas entre Chiclana y Conil de la Frontera, reconvertidas en uno de los centros de atención humanitaria de la Confederación Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a los que han sido derivados los migrantes llegados a Canarias.

En este centro, conviven con otro centenar de inmigrantes subsaharianos adultos, que fueron conducidos a estas instalaciones igual que ellos, después de llegar a Canarias.

Molina considera que es "una negligencia" que los menores estén tanto tiempo en un centro de adultos cuando tienen documentación que acreditaría que son menores.

"Ante cualquier duda sobre esa documentación o sobre su edad, la legislación internacional dice que debe prevalecer el interés superior del menor; es decir, que se les lleve a un centro de menores mientras se comprueba que lo son, y no al revés, que sean tratados como adultos hasta que se confirme que son menores", explica.

Juan Molina, que desde su asociación se dedica a apoyar y ayudar a jóvenes migrantes que, al cumplir la mayoría de edad, ya no son atendidos en centros de menores y deben emprender su vida sin apoyos de la administración, se encontró con uno de estos menores por casualidad hace un mes.

"Yo acompañaba a uno de los chicos a los que atendemos al hospital y allí se encontró con un muchacho de su mismo país, de Senegal, y le contó que llevaba cuatro meses en Campano, con otros muchachos que aseguran ser menores de edad como él y que proceden de distintos países africanos. Nos pidieron ayuda", explica.

Tras este encuentro, al día siguiente los 23 muchachos caminaron diez kilómetros hasta la sede en Chiclana de la asociación, cada uno con la documentación con la que creen acreditar que son menores de 18 años.

Los responsables de la asociación pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Cádiz y de CEAR la situación de estos menores. "Ha pasado una semana y otra... en un mes han llamado a cuatro para hacerles las pruebas. No es normal", se queja Juan Molina.

Ante la "inacción", dichos migrantes han decidido abandonar el centro Campano, tomar un autobús hasta Cádiz y asentarse en las puertas de la sede de la Fiscalía de Menores, en espera de poder hablar con el fiscal competente, que les ha dado una cita para el próximo miércoles.

"Estamos intentando convencerles de que vuelvan a Campano y regresen el miércoles a la Fiscalía, pero, de momento, dicen que de allí no se mueven hasta que les atiendan. Están deseando que se les hagan las pruebas para demostrar que son menores de 18 años", señala Juan Molina.