El Tribunal Constitucional ha avalado a un guardia civil que fue sancionado con pérdida de destino por dos años después de que declarase contra un alférez de Ubrique en un juicio al que fue citado como testigo, es decir, con obligación de decir la verdad.

El Constitucional considera que se ha vulnerado la garantía de no autoincriminación del guardia y, con ello, anula las sentencias del Tribunal Militar Central y del Tribunal Supremo que desestimaron su recurso contra la sanción.

Los hechos ocurrieron en 2014, cuando la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) publicó un artículo en su web en el que denunciaba el comportamiento de un alférez de Ubrique, al que acusaba de malos tratos a sus subordinados y de "sembrar el terror" entre los trabajadores.

El alférez llevó a juicio a la AUGC y el recurrente y otros dos guardias fueron a declarar como testigos bajo juramento o promesa de decir verdad y apercibimiento de las penas establecidas para el falso testimonio. El juzgado desestimó la demanda del oficial, que dictó un parte disciplinario contra los tres testigos por dos faltas graves.

En concreto, por desconsideración a sus superiores en el ejercicio de sus funciones y por vulneración del secreto profesional, motivos por los que tanto el recurrente como otro guardia fueron sancionados con pérdida de destino durante dos años.

Ante la sanción, el guardia recurrió al Tribunal Militar Central y posteriormente al Supremo, pero ninguno le dio la razón, con lo que acudió en amparo al Constitucional.

Ahora, el Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente su presidente, Juan José González Rivas, le da la razón porque su declaración en el juicio "no fue en absoluto voluntaria, sino que se realizó de un modo forzado, porque estaba obligado en su condición de testigo a responder a las preguntas de una manera exacta al estar apercibido de la pena establecida para el falso testimonio".